Luego de más de dos años de negociaciones, llegaron a un acuerdo para la refinanciación de la deuda argentina.
Los principales puntos del acuerdo entre Argentina y el FMI
Luego de más de dos años de negociaciones, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo para la refinanciación de una deuda de USD 45 mil millones que el organismo le entregó en 2018 al gobierno de Mauricio Macri, según anunciaron este jueves el Ministerio de Economía y el organismo de crédito internacional.
monto original del programa pactado FMI trepaba a USD 55 mil millones, de los cuáles fueron girados USD 45 mil millones debido a que la Argentina no cumplió con la última parte de las metas acordadas.
La deuda actual documentada por la Secretaría de Finanzas al 31 de diciembre de 2021 asciende a USD 40 mil millones, dado que durante el período de negociación la Argentina cumplió con los vencimientos programados. Incluso en octubre de 2020 utilizó la expansión de DEGs (dinero del FMI) dispuesta por el organismo para hacer frente a los obligaciones que operaron hacia fin de ese año de manera de mantener vigente la negociación.
En enero de 2022, Argentina y el FMI anunciaron "un entendimiento" que demoró más de un mes en transformarse en la redacción definitiva del nuevo programa. En ese momento se pagaron USD 711 millones de dólares contra el compromiso de que se llegaría a la firma final del pacto.
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El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de enviar al parlamento un proyecto de ley para la aprobación del "Acuerdo para el Refinanciamiento de la deuda entre la Argentina y el FMI".
Los principales puntos
De acuerdo a la información suministrada hasta el momento en forma oficial, estos son los principales puntos del acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI:
-El monto de la deuda a refinanciar es de US$ 45.000 millones.
-Se pasa de un programa Stand By a otro denominado de Facilidades Extendidas. La diferencia central es la posibilidad de ampliar los plazos de pago. Habrá 10 revisiones trimestrales durante los primeros dos años y medio.
-Primer desembolso cuando sea aprobado por el staff del FMI (seguramente luego de su sanción en el Congreso Nacional). Será por aproximadamente US$ 4.500 millones, equivalentes a lo pagado durante los dos años de negociación y se deberán usar para pagar próximos vencimientos del programa acordado.
-Los siguientes desembolsos serán luego de la aprobación de cada revisión y tendrán el mismo perfil, o sea, para pagar vencimientos del propio programa.
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-El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
-Reducción gradual del déficit primario: 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024. Se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional.
-Reducción de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Esto hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados "en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral"
-Para anclar expectativas inflacionarias se intentará avanzar en un acuerdo de precios y salarios. "En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas", señalaron.
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-El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.
-No hay compromiso sobre una reforma jubilatoria. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.
-Reducción de los subsidios energéticos, aumentando tarifas a sectores de mayores ingresos:
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c).Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i)incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.