El Decreto aumenta partidas para Salud, Defensa y Seguridad Nacional. Recorta envíos a las provincias pero da facilidades para créditos.
Milei modificó el Presupuesto y reasigna partidas
El Gobierno nacional formalizó el primer ajuste en el Presupuesto 2025 mediante el decreto 186/2025, tras la falta de aprobación de la ley presupuestaria enviada al Congreso el 15 de septiembre de 2024. La norma redistribuye partidas, reduce subsidios energéticos y establece nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico, además de un esquema especial para saldar deudas con bienes estatales.
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Entre los puntos clave del decreto, se destacan:
Reasignación de fondos: Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, enfocadas en el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con especial énfasis en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Inversión energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para costear la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff - La Barrancosa, en Santa Cruz.
Deuda de distribuidoras eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización de deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago de hasta 72 cuotas y un programa de créditos para distribuidoras en regla.
Financiamiento para provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
Aportes internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.
Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, asegurando la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.
Se restablece el envío automático de fondos educativos
Además, el decreto ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025 y mantiene la reducción progresiva de subsidios. También establece un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios dentro del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
El impacto neto de estos cambios representaría una reducción del gasto total de $8.079 millones en caso de ejecutarse en su totalidad.
El decreto no afecta el superávit fiscal acumulado hasta el 10 de marzo de 2025, último dato disponible de ejecución presupuestaria de la Administración Central. Según el informe oficial, el saldo base caja es de $4,41 billones y base devengado de $3,41 billones.
Sobre un presupuesto total de $94,57 billones, hasta el momento se han ejecutado $16,51 billones y efectivamente pagado $15,51 billones. En cuanto a los ingresos, de una pauta anual de $88,01 billones, se han recaudado $19,92 billones hasta el 10 de marzo.
La Ley de Presupuesto no se trató aún en el Congreso
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