El economista Carlos Ponce pasó en limpio la historia detrás de los 1.023 millones de dólares. El rol de Carlos Menem, un acuerdo entre Néstor Kirchner y Julio Cobos, y el debate actual.
El origen y las claves detrás del dinero que iba a ser para Portezuelo
Si la Legislatura avala la adenda al convenio por la nunca realizada megaobra Portezuelo del Viento, Mendoza dispondrá de USD 1.023 millones para destinar a obras de infraestructura. A la historia de estos fondos se refirió este martes el economista Carlos Ponce, en diálogo con el programa "Tenés que saberlo", conducido por Gabriel Conte, Evangelina Argüello y Hernán Bitar, que se emite de lunes a viernes de 7 a 10 por Radio Jornada 91.9.
Según relató el presidente de Plataforma Digital -empresa que edita el Post-, todo inició con la política denominada régimen de promoción industrial, que otorgaba enormes beneficios a las empresas que trasladaran fábricas a La Rioja, Catamarca, y principalmente San Juan y San Luis. "Menem hizo muchas cosas bien, pero cuando fue gobernador de La Rioja fue uno de los que más aprovechó el régimen de promoción industrial", destacó Ponce.
El régimen permitía a las compañías no pagar impuestos nacionales, pero "estaba muy mal diseñado, a tal punto que a veces se sacaba la cuenta de que el Estado en el no pago de impuestos había puesto más plata que los empresarios y el costo por empleo era diez veces más que el promedio de cualquier otra inversión en el país. Era todo un gran curro que en un momento fue tanto el escándalo y la inequidad que se suspendió", relató el economista.
Sin embargo, cuando Menem llegó a la Presidencia reinstaló ese régimen por decreto, un error de "mala praxis" ya que un presidente no puede modificar impuestos por esa vía. Eso, apuntó Ponce, "abrió la posibilidad de que Mendoza y cualquier otra provincia lo objetara".
Fue entonces cuando entró en escena el entonces gobernador de Mendoza Arturo Lafalla (que fue mandatario entre 1995 y 1999). Lafalla presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. "Tenía todas las de ganar, era muy evidente, no había mucha discusión de que lo que había hecho Carlos Menem era ilegal -indicó el economista durante la entrevista-. Lafalla lo hizo en el año 97, se inició un proceso que se dilata, pero el procurador de la corte, que era otro mendocino, Nicolás Becerra padre, dictaminó que efectivamente estaba mal".
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Años más tarde, cuando el presidente era Néstor Kirchner, la demanda estaba por ser terminada en la Corte a favor de Mendoza, por lo que junto al ministro de Economía de ese momento, Roberto Lavagna, decidieron intervenir y negociar con Mendoza. El mandatario provincial era Julio Cobos.
"Finalmente, termina con Lavagna diciéndole a Cobos que le daban una obra importante, un resarcimiento, y de allí surgió el famoso Portezuelo del Viento, que era un resarcimiento para todo Mendoza por el daño fiscal a la provincia, no solo a una región como reclama el Sur mendocino, debido a que la promoción industrial permitía que se instalaran empresas en otras jurisdicciones y no pagaban el IVA (menos recaudación). Cobos era un ingeniero y quería hacer una obra importante para Mendoza, y aparte era la forma de que la plata no viniera a Mendoza y se la gastaran en gastos corrientes. Fue la manera de encontrar un punto de equilibrio entre las dos cosas", relató Ponce.
Tras muchas idas y venidas que afectaron a todos los gobiernos posteriores, y el conflicto con La Pampa por el emplazamiento de Portezuelo en el Río Atuel, la megaobra nunca se realizó. Los vaivenes incluyeron al gobernador Alfredo Cornejo viajando en 2016 a Capital Federal, durante su primera gestión, para acordar con el entonces gobierno de Mauricio Macri que Mendoza reciba USD 1.023 millones durante cinco años para financiar la represa.
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Ese dinero se fue acumulando en un fideocomiso y, con Portezuelo del Viento caído, Mendoza entonces decidió realizar gestiones para redireccionar el uso de semejantes fondos y que éstos puedan ser destinados a otras obras. La semana pasada, los ministros Víctor Fayad y Natalio Mema presentaron en la Legislatura el proyecto de adenda, que una vez aprobado por legisladores deberá ser firmado por el presidente Javier Milei.
"Creo que Cornejo está avanzando, necesitaba la adenda, sino no le liberaban los fondos para cualquier tipo de obra. Este año tiene que arrancar, pero los procesos tardan muchos años. Tienen que hacer los proyectos, llamar a licitación que demora, a veces tenés que hacer el proyecto ejecutivo que cuesta varios millones y tiempo", apuntó Carlos Ponce en referencia al destino de la plata.
"Pueden ser rutas, obras energéticas, promoción del sector privado. Se podría usar parte de esos fondos para promover inversiones privadas, no solo obras de infraestructura pública. Esa es una discusión que hay que darla ya", agregó el economista, y finalmente pidió: "Ojalá que permitiera que el fondo este sea medio permanente, que no se licúe, que lo inviertan en obras que te reviertan dinero de nuevo y permitan mantener un fondo casi permanente de mil millones invertido en la provincia. Estamos al inicio del proceso y veremos, dependemos de la calidad y la visión de la dirigencia".
El origen
Ponce explicó que un estudio del Consejo Empresario Mendocino, presidido por Enrique Pescarmona y realizado por Dagnino Pastore, midió el daño ocasionado a la provincia en el orden de los 15 mil millones de dólares. En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, aprovechó el error jurídico para presentar una demanda a la Corte Suprema de Justicia: "Tenía todas las de ganar, era muy evidente, no había mucha discusión que lo que había hecho Carlos Menem era ilegal. Lafalla lo hizo en el año 97, se inició un proceso que se dilata, pero el procurador de la corte que era otro mendocino, Nicolás Becerra padre dictaminó que efectivamente estaba mal. Becerra era un hombre cercano a Menem, pero en ese momento pesó más lo jurídico. Años más tarde, cuando estaba Néstor Kirchner y Julio Cobos es gobernador de Mendoza, Roberto Lavagna, ministro de Kirchner, se da cuenta que esa demanda estaba por ser terminada en la corte e iba a fallar a favor nuestro y de otras provincias que se sentían afectadas como Mendoza, por el hecho de sacarnos recursos fiscales".