Si bien el Gobierno logró una mayor recaudación, hubo frustración por las penas para los evasores.
Moratoria: hubo más ingresos pero menos sanciones penales
Miles contribuyentes pudieron sumarse a la moratoria fiscal lo que generó el ingreso de millones de pesos a las arcas públicas. Pero, como señala LA NACIÓN, la iniciativa levantó también una ola de frustración entre sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fiscales y jueces que debieron presenciar cómo numerosos evasores, contrabandistas y cuevistas evitaron, otra vez, los castigos.
"Por un lado, la lucha contra la criminalidad económica y, por el otro, se ofrece a sus responsables una promoción tributaria con perdón de penas. Una suerte de derecho penal del miedo en el que los jueces trabajan de asustadores legales", planteó el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, el magistrado que más verbalizó su fastidio con la nueva "amnistía fiscal", como la llamó.
Sabuesos, fiscales y jueces consultados por LA NACION lamentaron, en particular, el tiempo y los recursos humanos, administrativos, procesales y económicos que conllevó investigar a miles de contribuyentes, determinar el monto que evadieron, llevarlos ante la Justicia, impulsar las investigaciones, elevarlas a juicio y que incluso se arriben a condenas, para que luego se acojan a una moratoria y queden impunes.
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"A nosotros nos deja un poco la sensación de que, aún entendiendo la finalidad eminentemente recaudatoria, cada norma de esta especie tira por tierra todo nuestro trabajo", planteó otro magistrado del fuero en lo Penal Económico, "y resta credibilidad en términos de prevención general, en especial, al régimen penal tributario, y en parte al mecanismo de recaudación tributaria", explicó.
Esa frustración es tanto cuantitativa como cualitativa, según coincide una decena de sabuesos, jueces y fiscales consultados por LA NACION en todo el país. Por un lado, porque en algunos juzgados en lo Penal Económico -fuero con competencia en delitos de evasión y contrabando-, un piso de entre el 10 y 15 por ciento de los acusados ya se acogió a la moratoria, porcentaje que se descuenta que aumentará de manera sustancial durante las próximas las semanas, cuando otros acusados acompañen las constancias de la AFIP.
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