La provincia busca ir en línea con la Nación y desregular el convenio que buscaba incentivar la diversificación de la producción vínica, estableciendo un mínimo de producción para mosto.
Mendoza busca dar de baja el acuerdo con San Juan por el mosto
El Gobierno de Mendoza tomó la determinación de dar de baja el histórico acuerdo con la provincia de San Juan, en el que se determina por ley el porcentaje de la producción vitivinícola que se destina a mosto. Además, la administración provincial quiere derogar una ley impulsada por Martín Kerchner, que afecta a la compraventa de frutas para la industria.
Con motivo de la actualidad económica del país, el gobierno de Mendoza busca ir en la línea de la desregulación de la economía, tal como impulsa el Gobierno nacional.
En este sentido, Mendoza busca terminar con un histórico acuerdo firmado con la provincia de San Juan, que data de 30 años, en el que se establecían pautas de producción, con base en la cosecha de uva estimada para cada temporada.
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Se trata de la Ley N° 6.543, del año 1994, que regula el marco de acuerdo con la vecina provincia de San Juan, con el fin principal de incentivar la diversificación de la producción en la industria vitivinícola, estableciendo un porcentaje fijo de la producción para mosto.
Cada año, las dos provincias, que son las que más cantidad de vides del país, se sientan a discutir el porcentaje que será destinado a mosto. El texto de la Ley contempla que, si no se logra un acuerdo, el porcentaje destinado se fijará en un 20%. Para 2024, ambos gobiernos provinciales coincidieron en las negociaciones y se acordó establecer un 17%.
El espíritu de la Ley responde a una intención de lograr un equilibrio en el mercado del vino y mantener estables los precios, evitando que haya sobre stock, que haría derrumbar los precios.
Además, este acuerdo interprovincial establece que la exportación de vino también es considerada una forma de diversificación, ya que también contribuye con la finalidad de equilibrar los stocks vínicos.
Fuentes oficiales del Ministerio de Producción comentaron al Post que esta determinación se toma debido a que consideran que el acuerdo no alcanzó los objetivos esperados y que establece un cupo que los empresarios no respetan, ya que toman decisiones sobre la producción con base en sus conveniencias.
Según lo acordado con San Juan a comienzos de año, en 2024 se debía destinar el 17% de la cosecha a la producción de mosto, pero el relevamiento muestra que este porcentaje no se respeta y que este año se encuentra en torno al 23%. Esto responde a las decisiones empresariales basadas en los estudios de mercado que realizan las bodegas.
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En esta línea, desde el Gobierno consideran que el mercado se debe regular solo y que el Estado no debería decirle a los privados cuánto y cuándo debe producir. Aseguran que estas regulaciones existentes en la industria vitivinícola no existen en las demás industrias de Mendoza.
Desde el Ministerio de Producción confirmaron, además, que pedirán a la Legislatura que derogue tanto la Ley N°6.543, del acuerdo con San Juan, pero también se derogue la Ley N° 9.133, de 2018, que fuera impulsada por Martín Kerchner.
La Ley 9133, o Ley de Contratos, buscaba favorecer a los productores, creando registros de productores y estableciendo parámetros para el pago de la cosecha a los mismos. Desde el Gobierno consideran que esta ley tampoco dio los resultados esperados y que, en un contexto económico como el actual, lo mejor es permitir que los particulares realicen sus propios acuerdos.
De esta manera, desde la administración provincial apuntan a una desregulación del sector vitivinícola, con lo cual las empresas podrán tomar las decisiones que crean convenientes. Estiman que esta situación provocará una fluidez mayor en la economía, que, acompañado de una baja de impuestos, permitiría a las empresas recaudar más dinero y eso llevaría a que el Estado pueda recaudar más, a pesar de haber bajado impuestos, producto de la mayor fluidez económica en el sector.
Por último, el Gobierno pretende pararse en un rol de consultor, en donde se aconseje y se acompañe a los productores, pero que las decisiones productivas las tomen los privados en libertad. De todas formas, la última palabra en torno a las derogaciones las tendrá la Legislatura, que tendrá que decidir en pos de los pedidos del Ministerio de Producción.
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