Reglamentado el capítulo de Reforma del Estado de la Ley de Bases, el gobierno avanzará en la privatización de varias empresas.
Cuáles son las empresas del Estado que se privatizarían y cómo se hará
Este lunes, el gobierno nacional publicó la reglamentación parcial del capítulo correspondiente a la Reforma del Estado de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
Esta normativa, dividida en cuatro capítulos, aborda la Reorganización Administrativa, Privatización, Procedimientos Administrativos y Empleo Público.
La lista de las empresas públicas a privatizar:
-Energía Argentina (ENARSA)
-Intercargo
-AySA
-Belgrano Cargas
-Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
-Corredores Viales
-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
-Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Aníbal Fernández estuvo a cargo de los Yacimientos Río Turbio en la presidencia de Alberto Fernández
Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta reforma, explicó que "El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos".
Entre las compañías excluidas de la privatización se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
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Cómo es el proceso de privatización:
La reglamentación aclara que el proceso para privatizar una empresa comienza con un informe detallado que debe presentar el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación correspondiente. Este informe debe incluir:
1. El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
2. El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
3. La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada.
Una copia de este informe debe ser enviada a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. La convocatoria para presentar ofertas se publicará en el Boletín Oficial durante siete días y también en el sitio web de la autoridad de aplicación. Para procedimientos internacionales, se requiere una publicación accesible para interesados extranjeros con 45 días de antelación.
La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado, y cualquier tasación realizada por entidades privadas debe contar con reconocida trayectoria. Se debe realizar un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Antes de formalizar los contratos, es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Una vez finalizado el proceso, la Autoridad de Aplicación remitirá las actuaciones a la Auditoría General de la Nación para un examen final.
Fuente: Infobae
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