Se trata de Dioxitek, encargada de elaborar el polvo de uranio que se utiliza en las centrales Atucha.
La crisis de la "otra IMPSA" que tiene a Mendoza como accionista
Mendoza no solo tiene participación en IMPSA, la icónica empresa de tecnología y energía renovable que fue parcialmente rescatada por el Estado años atrás y que hoy en día está en proceso de venta, sino también en Dioxitek, una firma clave para el sector nuclear argentino. Esta última también enfrenta una situación crítica que amenaza no solo su futuro, sino también el aporte de Mendoza en una industria estratégica.
A diferencia de IMPSA, en la que Mendoza tiene una participación accionaria significativa, en Dioxitek la provincia posee apenas un paquete accionario mínimo, que representa el 1% de la empresa. Esta participación se originó a partir de la reorganización del sector nuclear en el país, cuando el Estado Nacional decidió incorporar a varias provincias a Dioxitek para fortalecer el carácter federal de la compañía. En aquel momento Mendoza también tenía activa la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael.
Dioxitek, responsable de producir el dióxido de uranio utilizado como combustible en las centrales nucleares del país, atraviesa una crisis marcada por la paralización de la construcción de su Nueva Planta de Uranio (NPU) en Formosa. Esta obra, que había avanzado un 70%, se detuvo por la falta de transferencias de fondos desde el Tesoro Nacional, poniendo en jaque una inversión de más de 150 millones de dólares y generando despidos masivos en su plantilla técnica y profesional.
La plata de Formosa, paralizada.
Actualmente, Dioxitek opera desde su planta en Córdoba bajo permisos precarios que vencen en diciembre de 2024. La demora en completar la NPU de Formosa pone en riesgo la continuidad del suministro de combustible nuclear para las centrales argentinas, que aportan el 7% de la energía eléctrica del país.
El impacto no es menor. La paralización podría derivar en conflictos legales con contratistas, mayor desfinanciamiento y una pérdida de competitividad frente a otros actores internacionales. Además, pone en tela de juicio el rol del Estado en la administración de empresas estratégicas y la capacidad de las provincias, como Mendoza, para gestionar activos de este tipo.
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