Los nuevos dueños, el grupo norteamericano ARC Energy, busca reactivar los contratos con el gobierno de Maduro, pero debe obtener antes el visto bueno de Estados Unidos. Están en juego U$S 2.000 millones.
IMPSA pidió permiso a EEUU para acordar con Venezuela
"En el ejercicio se concretaron importantes reuniones con altos funcionarios de Corpoelec y del Gobierno de Venezuela para el reinicio de los proyectos en este país", informó la "nueva IMPSA", controlada ahora por capitales estadounidenses, en el último balance financiero acerca de las negociaciones con el chavismo para la reactivación de los contratos que suman aproximadamente U$S 2.000 millones, lo que además implicaría el pago inmediato de una deuda que rondaría los U$S 150 millones.
En el informe de estados financieros, IMPSA además puntualizó sobre un contrato en particular, el de la central hidroeléctrica Tocoma, por U$S 1.390.040.715: se firmó la "Adenda 6" con Corpoelec, la compañía estatal venezolana, acto que "prorroga por 60 meses la vigencia del contrato para este proyecto". Indicaron también que el gobierno de Nicolás Maduro "informó a IMPSA la intención de continuar las negociaciones para extender aún más los plazos en función de las necesidades del proyecto".
De todas maneras, la nueva composición de IMPSA agrega un requisito adicional a las negociaciones con el chavismo: el aval de los Estados Unidos, ya que la compañía surgida en Mendoza a comienzos del siglo pasado, ahora pertenece a capitales estadounidenses. En ese contexto, IMPSA manifestó que, ante lo expresado por el gobierno venezolano, "se procederá a gestionar las aprobaciones de las autoridades regulatorias que fueran necesarias en función de la nueva realidad de IMPSA como entidad controlada por personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos de América".
El contrato por la Central Hidroeléctrica de Tocoma, en el Estado de Bolívar, es el más significativo de IMPSA en Venezuela, por U$S 1.390 millones. Este acuerdo contempla la provisión de 10 turbinas Kaplan de 223 MW, algunas ya instaladas y otras listas en los galpones de Godoy Cruz para ser enviadas, generadores y otros equipos. Su reactivación sería clave para IMPSA, pero más aún para Venezuela, urgido de infraestructura para revertir una crisis energética sin precedentes.
La instalación de una turbina de IMPSA en Tocoma.
Más allá de Tocoma, para llegar a los U$S 2.000 millones hay que contabilizar otros 3 contratos que tiene IMPSA con Venezuela: la reconstrucción de la planta Macagua I en Puerto Ordaz, con un contrato de U$S 484 millones, que incluye nuevos generadores y equipos auxiliares para una capacidad instalada de 462 MW; la Central José Antonio Páez, en Barinas, deberá ser equipada con cinco rodetes tipo Pelton y mejoras en comunicación por U$S 9,6 millones; y el Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo, en los Andes venezolanos, que recibió en 2012 un contrato de U$S 65,8 millones para rehabilitar infraestructuras clave como las represas La Vueltosa y Borde Seco, y la toma de la Central Fabricio Ojeda.
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Los nuevos dueños, clave para arreglar con Maduro
El cambio en la propiedad de IMPSA, controlada ahora por ARC Energy, abre nuevas oportunidades para la empresa. Sus nuevos dueños, que venían desempeñándose principalmente en el negocio del petróleo y gas, quieren aprovechar los antecedentes de la compañía mendocina para meterse de lleno en las centrales hidroeléctricas y grúas portuarios en los Estados Unidos, lo que -además de los contratos vigentes- permitiría empezar a sanear una empresa que sigue en rojo.
Un párrafo aparte merecen los números de IMPSA al cierre de 2024. De los estados financieros informados surge que la situación empeoró drásticamente respecto de 2023. La empresa pasó de tener un patrimonio positivo a uno negativo superior a $35.000 millones, acumulando una pérdida total de más de $75.000 millones, impulsada por un desplome de ventas en moneda dura, altos costos financieros y pérdidas por impuesto diferido. Es por eso que la única vía para revertir esta situación parece ser el plan de recapitalización iniciado en 2025 con nuevos dueños.
Pero más allá de los millones de dólares inyectados, los nuevos dueños de IMPSA serían clave para que, en el contexto geopolítico actual, Venezuela finalmente cancele la deuda con la metalúrgica y se reactiven los contratos por las cuatro centrales hidroeléctricas. Al respecto, el presidente de ARC Energy (que controla el consorcio Industrial Acquisitions Fund) es Jason Arceneaux, un empresario venezolano afín al presidente estadounidense Donald Trump, siendo incluso aportante de la campaña electoral.
Jason Arceneaux, el nuevo dueño de IMPSA.
Tal como se mencionó al inicio de la nota, Venezuela manifestó voluntad de acordar la reactivación de los contratos e IMPSA ya inició los procedimientos de autorización en Estados Unidos. Haciendo una ponderación política del asunto, podría inferirse que si las tensiones entre Trump y Maduro van a la baja, algunos de los primeros beneficiados del asunto podrían ser los empresarios cercanos a la Casa Blanca que desde hace semanas son dueños de IMPSA.
Si bien los recientes acontecimientos vinculados a la deportación de venezolanos desde Estados Unidos y los mensajes cruzados entre Donald Trump y Nicolás Maduro hacen parecer inviable cualquier entendimiento de índole económica entre ambos países, lo cierto es que un acercamiento no puede descartarse del todo; en escenarios de crisis o reconfiguración global, los pragmatismos suelen imponerse a las diferencias ideológicas, como ocurrió en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
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