A pesar de la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Gobierno nacional ratificó la obligación del aporte.
Deberán seguir aportando el 1% al Estado las empresas de telecomunicaciones
El Gobierno Nacional ratificó que las empresas de telecomunicaciones deben continuar aportando el 1% de sus ingresos para garantizar el acceso al Servicio Universal, a pesar de la disolución del Fondo Fiduciario que administraba estos fondos.
La medida fue confirmada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a través de la Resolución 3/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Detalles
Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, esta obligación, que se enmarca en la Ley 27.078 y el Decreto 6/2025, permanece vigente a pesar de la eliminación del fondo fiduciario. La resolución establece que las empresas deberán seguir realizando los aportes de inversión necesarios para asegurar la política pública de acceso al Servicio Universal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como se venía haciendo hasta ahora.
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El ENACOM aclaró que, aunque el Fondo Fiduciario del Servicio Universal se haya disuelto, las empresas prestadoras de servicios TIC siguen obligadas a aportar el 1% de sus ingresos totales. Este aporte es utilizado para financiar la extensión de servicios de TIC en todo el país, asegurando la calidad, accesibilidad y precios razonables para todos los usuarios, sin importar su ubicación geográfica.
Polémica con Telefónica
La medida surge como respuesta a un planteo de Telefónica, que había argumentado que no le correspondía seguir efectuando estos aportes. El Ministerio de Economía, a través de su Secretaría Legal y Administrativa, advirtió que la falta de pago podría generar una situación de mora, con el devengamiento de los intereses correspondientes.
A pesar de la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Gobierno nacional ratificó la obligación del aporte.
El Servicio Universal, conforme a la Ley 27.078, busca garantizar el acceso a los servicios de TIC para todos los habitantes de Argentina, independientemente de su ubicación o capacidad económica, en condiciones de calidad y precios justos.
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