Se extendió el plazo para la presentación de ofertas, estableciéndose una fecha emblemática para la empresa: 15 de septiembre. Esa fecha, pero en 2014, IMPSA cayó en default.
El destino de IMPSA se conocerá exactamente 10 años después de la debacle
Exactamente 10 años después del default de IMPSA, se conocerán la o las ofertas privadas para hacerse del control de la compañía. Esto es así porque el Estado nacional y la Provincia de Mendoza extendieron los plazos hasta el 15 de septiembre de 2024.
Justamente, el 15 de septiembre, pero de 2014, hace 10 años, IMPSA cayó en cesación de pagos. Ese día, la empresa mendocina informó a través de la Comisión Nacional de Valores la decisión de posponer los pagos de capital e intereses de la totalidad de sus deudas financieras que tenía.
Ahora, el Fondep (Estado nacional) y Mendoza informaron que "se entiende razonable proceder según lo solicitado y por lo tanto, se comunica a todos los posibles interesados que el plazo para realizar ofertas se extiende hasta el 15 de septiembre de 2024, encontrándose abierto el proceso para consulta sobre la situación legal y contable de la empresa".
La instalación de una turbina de IMPSA en Yacyretá.
Por el momento, la única oferta concreta llegó por parte del ARC Energy, una empresa estadounidense enfocada en el negocio del petróleo y el gas a nivel mundial, interesada en aprovechar el "boom" de centrales hidroeléctricas de Estados Unidos.
El default del 15 de septiembre de 2014 surgió por incumplimientos de pagos de Venezuela, que había firmado contratos con IMPSA para que le proveyera de turbinas para centrales hidroeléctricas, principalmente Tocoma. A eso se sumó la crisis de Wind, la empresa eólica que Pescarmona había encarado en Brasil.
El comunicado del 15 de septiembre de 2014.
Ver más: Esta es la empresa que quiere quedarse con IMPSA
Entre el 15 de septiembre de 2014 y el 15 de septiembre de 2024 IMPSA pasó por diferentes procesos que no tuvieron otro fin que la supervivencia de la empresas: los "Repros" que otorgó el Estado nacional para pagar salarios, el traspaso de acciones de la familia Pescarmona a los acreedores que pasaron a controlar la compañía, la reestructuración de deuda, la capitalización en manos del Estado y el vigente proceso de privatización.
A todo esto habría que sumarle que en 2018, Enrique Pescarmona tuvo que admitir en un proceso judicial el pago de coimas al Gobierno nacional, a través del subsecretario de Energía Roberto Baratta, para que sea el kirchnerismo el que destrabe los pagos de Venezuela.
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