Entrevista con el economista Gabriel Olmedo, que analizó la situación en la UNCuyo y en la educación en general.
Qué peligra con el ajuste a las universidades
El ajuste a las universidades nacionales es un guadañazo considerable del gobierno de Javier Milei a la educación pública. Cada vez más lejos de aquel 6% del PBI que alguna vez se sancionó mediante la Ley Nº26.075 y que, corresponde decirlo, se cumplió un solo año desde su sanción.
El paro universitario de la semana pasada, que incluyó a docentes, personal de apoyo académico y estudiantes, puso en evidencia el malestar que hay ante el profundo ajuste que emprende el gobierno contra la educación.
El presupuesto universitario
En el caso de la UNCuyo, el presupuesto anual del 2023 fue de 26 mil millones de pesos, un 90% de eso se dedicó a salarios y un 10% a gastos de funcionamiento. En una nota del Post de la semana pasada, las autoridades universitarias advertían que se trataba de un "piso histórico" y que "el ideal" sería un 75% y 25% en proporción de gastos.
Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNCuyo reclaman por el ajuste.
Cabe destacar que, dentro de ese 10%, se tienen en cuenta las becas, el pago por servicios y el funcionamiento cotidiano de la Universidad, así como también las obras y mantenimiento de la casa de estudios.
En diálogo con el Post, el economista Gabriel Olmedo, del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) analizó el panorama por el cual pasa la emblemática casa de estudios de Mendoza.
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En cuanto a las partidas recibidas por la UNCuyo, Olmedo explicó que la universidad no recibe todo al inicio del año, porque "la Nación le envía una cuota parte mensual, que es una treceava parte en el caso de las partidas de sueldos y una doceava parte de las partidas de gastos".
En tanto, subrayó que el hecho de que "el presupuesto en el 2024 sea reconducido tiene un impacto distinto en las partidas destinadas a sueldos que en las destinadas a los gastos". Y explicó que "las de sueldos se actualizan de forma automática por los incrementos paritarios. Es decir que desde enero del 2024 la UNCuyo recibe los fondos correspondientes al presupuesto 2023 más la política salarial del 2023".
De esta manera, Olmedo apunta que en la cuestión salarial "el problema no es el presupuesto reconducido, el problema es que hay un enorme desfasaje entre la inflación y los aumentos salariales".
Los salarios fueron una de las variables de ajuste desde la asunción de Milei.
En ese sentido, apunta que entre diciembre y febrero los precios aumentaron un 71% y los sueldos solo lo hicieron en un 23%. "De los cuales solo 6% fue otorgado por el Gobierno de Milei, el resto corresponde a paritarias del Gobierno anterior", advirtió.
Es decir que gran parte del ajuste, que en términos numéricos es el más importante, recae directamente sobre la espalda de los trabajadores universitarios. "El presupuesto para gastos del 2023, unos 2.600 millones anuales en el caso de la UNCuyo, se repitió en exactamente el mismo monto para el 2024. Es decir que la UNCUYO tiene los mismos fondos que el año pasado para becas, pagos de servicios básicos, insumos, equipamiento, luego de una inflación del 211% anual", subrayó.
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En un marco de inflación y tarifazos, el ajuste golpea doblemente. El mismo dinero no sólo alcanza para menos, sino que, además los servicios tuvieron importantes saltos en cuanto a sus precios.
Desde CIEC realizaron un estudio con la pérdida salarial de los trabajadores en el marco del ajuste.
Anuncio del "70% de aumento"
Desde la comunidad universitaria toman entre cautelosos y con desconfianza el anuncio que lanzó el gobierno sobre un 70% de aumento al presupuesto universitario. "Lo primero que hay que aclarar es que el 70% es un anuncio a los medios de comunicación, del cual no hay nada formal presentado a las universidades", explicó el entrevistado.
"Lo segundo es que es un aumento muy pobre respecto al 211% de inflación. En cuanto al destino de dichos fondos, lo determinará el Consejo Superior cuando llegue la comunicación oficial del Gobierno Nacional", apuntó Olmedo.
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La sostenibilidad del acto educativo
En la Universidad, como en otras tantas reparticiones de la esfera pública, muchos de los trabajos son contratados que no se encuentran en la planta permanente de la casa de estudios.
"Mientras la Nación siga mandando las partidas de sueldos, no debería haber despidos del personal de planta y los aumentos se resuelven en la paritaria nacional", explicó Olmedo. Mientras que, en cambio, "están en riesgo los trabajadores universitarios que trabajan a través de contratos de locación de servicios (monotributo) y el empleo indirecto que genera la UNCUYO (los trabajadores de las empresas de seguridad y limpieza)".
En ese marco, y con el ajuste sobre la partida destinada al mantenimiento de la casa de estudios "está en serio riesgo nuestro derecho a una educación pública de calidad y gratuita. Si no hay plata para los techos que se llueven, para los baños que se rompen ni para pagar la boleta de luz ¿Qué educación es posible?", inquirió el entrevistado.
Lic. Gabriel Olmedo del CIEC.
Por otro lado, el miembro de CIEC advirtió que "estrechamente vinculado a este tema es que la crisis económica que estamos viviendo pone en riesgo la continuidad de muchos estudiantes que no van a poder pagar el transporte, las fotocopias, la comida; o porque directamente la realidad de su hogar va a hacer que tengan que buscar un trabajo de tiempo completo para poder sobrevivir".
El presupuesto actual universitario, con el ajuste encarado por el gobierno, no va a poder generar el sistema de becas necesario para que estos estudiantes sigan en sus carreras.
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¿Dentro de la ley todo?
Una de las emblemáticas frases que dijo Javier Milei en su discurso inaugural como presidente, y de espaldas al Congreso de la Nación, fue "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Sin embargo, en lo que a la educación respecta, "dentro de la ley, poco", describiría el accionar presidencial. Porque, lejos de cumplir con lo que pide la ley, se alejó del monto obligado en la legislación argentina.
"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", la frase que Milei pronuncia, pero no cumple.
"Tenemos una ley que dice que Argentina debe destinar el 6% de su PBI a educación (Ley Nº 26.075), y solo se cumplió en el 2015", apuntó el economista de CIEC. Mientras que agregó: "Tenemos una Ley que dice que hay que incrementar la inversión en Ciencia y Tecnología de forma constante para llegar al 1% en el 2032 y se eliminan becas doctorales, se ajustan los sueldos de los investigadores y elimina el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT)".
En ese sentido, Olmedo advierte que el sector educativo tendrá que movilizarse si quiere evitar el desguace del sistema: "Este ajuste no se va a resolver en el Congreso, o al menos no solo en el Congreso".
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Olmedo advierte que el sistema educativo "deberá defenderse" tal como lo hacen otros sectores si no quiere que se avasallen los derechos de trabajadores y estudiantes.
"Del mismo modo que el sistema financiero genera corridas bancarias, los grandes supermercados desabastecen sus góndolas y los grandes exportadores agropecuarios retienen sus granos para hacer valer sus intereses; los sectores populares, del cual el sistema universitario es parte, tienen como principal herramienta el paro y la movilización", advirtió Olmedo.
En ese marco, el economista sentenció que "lo que nos pasa a las universidades es lo mismo que está pasando en la educación inicial y media, CONICET, INTA, INTI, CNEA y un largo etc. Si nos unimos bajo el lema de la defensa del derecho a la educación, la ciencia y la tecnología vamos a tener muchos mejores resultados que si lo pensamos cada uno desde nuestro propio rincón".
La conflictividad entre el gobierno y el sistema educativo va es ascenso y, salvo un cambio de rumbo, da señales de que así continuará.
