Lobos acepta la culpa a cambio de no pasar por otro juicio. Quiere recibir una condena menos severa. Ofrece renunciar a apelaciones, incluyendo la que está vigente por extinción de dominio. El acuerdo está "verde" y los acusadores aun así buscarían una pena considerable. En un mes, el juicio.
Negocian juicio abreviado para Lobos, por enriquecimiento y fraude
El ex intendente de Guaymallén Luis Lobos negocia contrarreloj un "juicio abreviado" con el Ministerio Público Fiscal, a un mes del inicio del juicio principal del caso en el que se decidirán las causas acumuladas por enriquecimiento ilícito, cohecho y fraude contra el ex jefe político peronista del departamento más poblado de la provincia, y contra su ex esposa Claudia Sgró. A ella sólo la acusan por enriquecimiento indebido. Ambos están presos cumpliendo la condena por fraude al Estado y administración fraudulenta en el caso de la "mucama ñoqui".
El juicio por enriquecimiento ilícito y fraude debe iniciarse el 15 de diciembre de este año y tiene audiencias programadas hasta febrero de 2023. En ese juicio -de hacerse- se ventilará cómo se fue enriqueciendo ilegalmente el que fuera el matrimonio más poderoso de Guaymallén. Las pruebas reunidas, ordenadas y clasificadas por la fiscal de delitos económicos Susana Muscianisi fueron contundentes, determinantes, y apoyadas por peritajes del cuerpo de contables forenses, quienes lograron determinar la fortuna mal habida de Lobos y Sgró, al punto que por la ley de Extinción de Dominio la Justicia les quitó en febrero de 2021 la mansión que poseían en la calle Tirasso 4337 de Guaymallén y otras propiedades y vehículos, en un fallo histórico que tuvo repercusión nacional. Sólo les dejaron dos automóviles, y uno de ellos ya lo embargó la AFIP.
La historia del Caso Lobos es bien conocida y puede leerse completa en este link. Se trató de una investigación publicada por Mendoza Post el 4 de diciembre de 2014, un trabajo colaborativo entre este diario y un grupo de abogados comandados por Carlos Varela Alvarez. Dirigentes del FIT acompañaron la denuncia. El trabajo abundó en pruebas y testimonios. El peritaje contable forense comprobó y ratificó la investigación publicada por el POST. A Lobos y su mujer no les "cerraban" ni los bienes que tenían registrados. En el auto de elevación a juicio, la publicación del Post fue mencionada varias veces. En definitiva, Lobos no pudo justificar bienes por casi cuatro millones de pesos de la época, y Claudia Sgró, por poco más de un millón de pesos. Aquella investigación tuvo un acierto editorial trascendente, cuando decidimos filmar con un drone la mansión de Lobos. Quisimos mostrar la magnitud de la corrupción. Seis años y dos meses más tarde, la justicia se la quitó.
La inflación distorsiona la riqueza que consiguieron con todo tipo de métodos: ñoquis, fraudes, y cohecho. En el auto de elevación a juicio, se citan varios párrafos de la instrucción penal y declaraciones de testigos. Una mujer contó a la justicia cómo el matrimonio mandaba a comprar -en sus últimos años en el poder- fajos de USD 10.000 y USD 20.000. Otro, que manejaban grandes sumas de dinero en efectivo. Un acta de allanamiento de la mansión familiar de 1.663 metros cuadrados de la calle Tirasso 4337 del barrio Alto Portal del Sauce, cuenta que había ocho televisores de 55 pulgadas instalados allí. Seis de ellos los habían traído desde Chile en un viaje, en la época del tipo de cambio favorable. Luego, describe la fiscal Musianisi cómo compraron lotes a través de una empresa que era propiedad de los suegros de Lobos, de su ex mujer y del propio intendente, en emprendimientos inmobiliarios cuya empresa propietaria -en algunos de los casos- admite similitudes con los dueños de Wanka SA, la empresa de la planta de asfalto que alquilaron a precio y condiciones de fraude para la Municipalidad, según la investigación.
En la riqueza repentina de Lobos y Sgró hay detalles de poco glamour. Una testigo contó que ella -que ahora está presa en el complejo de mujeres de Almafuerte- compraba "de a diez pares de zapatos". Antes de terminarse la mansión, alquilaban en otro lugar de Guaymallén, pagando un canon que sería muy difícil de solventar por un concejal -como era Lobos entonces- y una empleada municipal. Todo esto está en el expediente judicial.
El traslado de Luis Lobos y Claudia Sgró a sus destinos penitenciarios.
Una hermana de Claudia Sgró manejaba a la vista de todos una cartilla de 30 páginas tamaño A4, con los nombres de "ñoquis" que debían "devolver" parte de su dinero. Así se financiaron. Cuando el ciclo político de Lobos terminó, muchos de esos "empleados" fueron obligados a trabajar por las nuevas autoridades, y otros, se fueron.
El matrimonio manejaba el municipio como una monarquía. Incluso habían contratado a un "gurú" llamado Mauro Díaz, que solía ir a "aconsejar" al matrimonio a las oficinas municipales, con uno de sus perros de raza Gran Danés. Las empleadas se quejaban, porque el animalito "se cagaba" -es literal- en la sala de reuniones. El "chamán" fue contratado el 26 de febrero de 2015 con categoría de director y cargo de asesor, con un sueldo aproximado en aquel momento de 60.000 pesos, menos los descuentos de ley. Esta contratación ocurrió cuando ya el "Caso Lobos" tenía estado público.
No todas las riquezas del clan cayeron en la investigación. Pero respecto de otras, hay datos llamativos. Las escuchas telefónicas comprometen a Claudia Sgró en un apuro feroz por la compra de lotes en barrios top, en los que tienen de "vecinos" a otros miembros de la "cooperativa" política que soportó o en algún caso compartió estas maniobras.
Los vecinos de Guaymallén comprendieron rápido lo que pasaba. Aunque Lobos logró ganarle las primarias a Alejandro Abraham ese año (2015), perdió el Municipio a manos del radical Marcelino Iglesias, que "limpió" la comuna tal como había prometido. Ahora es querellante particular en el caso por enriquecimiento ilícito y fraude. Con esa derrota, Lobos arrastró al peronismo a una serie interminable de malos resultados electorales en el departamento, y en la provincia, donde nunca volvieron a ganar una elección.
Para recordar los detalles del caso, conviene leer la investigación original "Así se enriquece un intendente", y luego, el acta de elevación a juicio. Son 35 páginas que describen la operación:
De la "Causa madre" que se debe ventilar desde diciembre y sobre la que se negocia un juicio abreviado, se fueron desprendiendo otras y aparecieron nuevas denuncias. Pasó más de un año desde la primera publicación, hasta que un fiscal imputó a Lobos por alquiler fraudulento de máquinas y vehículos, aunque esa causa no llegó a juicio aún. Luego, el caso pasó por diversos fiscales. Juan Manuel Bancalari imputó a Lobos, al ex secretario Federico Sampieri, y al empresario Roque Núñez en el Caso Wanka (que se ventila ahora), y finalmente, fue la fiscal Susana Muscianisi la que en un trabajo descomunal, ordenó, clasificó, compulsó, interrogó, tomó medidas, y preparó las causas para juicio. Ya consiguió una condena firme por la "mucama ñoqui". Y es la que sustentó las pruebas de enriquecimiento.
Lobos y Sgró, en tiempos felices.
Pero ahora, la defensa de Lobos y el MPF negocian un "juicio abreviado". Esto es, el reo acepta la culpabilidad, participación, organización y ejecución de los delitos y se negocia una pena evitando los tiempos procesales del juicio, y eventuales apelaciones. Es un modelo de resolución de casos que fue tomado de la justicia norteamericana. Lo que resulta difícil es determinar cuántos años cumpliría efectivamente Lobos en prisión por todos los delitos que cometió. Si fuera hallado culpable en los juicios que restan, le corresponderían de dos a seis años por enriquecimiento ilícito, de dos a seis años por fraude al Estado, y de dos a cuatro años por cohecho en cada caso. Más las penas que ya están cumpliendo, que son de cuatro años y medio de prisión para Lobos, y de tres años y cuatro meses para Claudia Sgró. Claro que cuando los delitos son "concurrentes" en el tiempo y se necesita de uno para cometer otro, la suma de años del total nunca es aritmética. Es menor. Pero, es una negociación. Si hay un juicio abreviado, Lobos, su esposa, y el resto de los acusados en el caso Wanka recibirán penas menores a las que les podrían dar en un juicio oral y público, en caso de ser culpables. Y esto, podría ser un arma de doble filo a las puertas de un año electoral, y con la política y la justicia bajo todo tipo de cuestionamientos ciudadanos. No sería sencillo explicarles a los mendocinos que Lobos podría recibir menos que la pena máxima que merecería en cada caso, dado los delitos que cometió.
Qué negocian
El 9 de noviembre, el Tribunal Penal Colegiado 2 aceptó la designación de nuevas abogadas para Luis Lobos. Se trata de las letradas Mariela Ponce y María Moyano. Reemplazaron a Fernando Luquez, quien renunció a la defensa del ex intendente "por no lograr acuerdos para continuar" en julio pasado. En el mundillo de los tribunales mendocinos, se dice que Luquez seguiría detrás de ambas abogadas, como "cerebro" de la defensa.
El rumor sobre un eventual pedido de "juicio abreviado" que presentaría Lobos fue cobrando fuerza con el correr de los días. Una versión de última hora que circuló en el gobierno, pero que no pudo ser confirmada, indica que el escrito se habría presentado en la fiscalía este martes. Pero el jefe de los fiscales de delitos económicos, Javier Pascua, está de licencia. Y ya indicó que ningún documento ni acuerdo saldrá de la fiscalía sin su firma. También cumple una licencia por estos días la fiscal Muscianisi. Y la está subrogando otro fiscal, Flavio D'Amore.
¿Qué ofreció Lobos para esquivar un nuevo juicio, aunque lo condenen? Algo que le interesa al gobierno, aunque también al MPF. Si le dan juicio abreviado y una pena menor de la que no trascendieron datos, el ex intendente renunciaría a la apelación en curso contra la Ley de Extinción de Dominio, que está en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza aún sin resolución. Así, quedaría firme una sentencia histórica, la de la jueza civil María Paz Gallardo, que les quitó en febrero de 2021 los bienes de la corrupción al ex matrimonio. Ese fallo fue catalogado de ejemplar y destacado en todo el país, incluso por el diario LA NACIÓN en uno de editoriales. La ley de extinción de dominio permite hacerse de los bienes producidos por delitos determinados, en la etapa de imputación y sin esperar el resultado del juicio penal. Por eso, en el Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandro Gullé, no verían con malos ojos un "juicio abreviado" que en paralelo deje firme y con grado constitucional la extinción de dominio. A salvo de fallos sorpresivos ya sea en la corte local, o en la nacional. No lo harían por una pena menor. Dados los delitos de los que se le acusa a Lobos, más la condena que ya tienen, nadie aceptará que Lobos y Sgró cumplan menos de diez o doce años presos, en total. De todos modos, en el MPF creen que la negociación "está verde". Y si no hay acuerdo, el juicio oral arrancará el 15 de diciembre.
Caso Lobos: Historia de una investigación
La piedra angular para un eventual pacto es el fiscal jefe de Delitos Económicos, Javier Pascua. No dejaría que Lobos y Sgró consigan un juicio abreviado, por menos pena que la que podría conseguirse en un juicio oral y público. Sobre todo, con la abundancia de pruebas que hay.
En el caso de llegar a un acuerdo por el juicio corto, el beneficio abarcaría a Claudia Sgró, Federico Sampieri, y al empresario Roque Núñez. La diferencia para Lobos, podría ser de dos a cuatro años más, o menos, en prisión.
Ahora, si es culpable, y con cómputo y unificación de penas que pedirá la defensa, el ex intendente podría pasar un total de 10 a 13 años de prisión. Tal vez más. Con, o sin juicio abreviado.
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