Otro contrato millonario complica a Lobos

El intendente de Guaymallén Luis Lobos alquiló este año una máquina "asfaltadora" por casi el doble del valor del mercado, la usó para la décima parte de lo que podría haber hecho, y finalmente dejó de utilizarla a mitad de año. Aun así pagó una millonaria rescisión del contrato a la empresa que se la alquiló, la que por otro lado mantiene una serie de llamativas relaciones "inmobiliarias" con la "cooperativa" política de Guaymallén, que ha quedado expuesta a la luz luego de la investigación que publicó este medio el año pasado. Allí, tras la denuncia del FIT y de un grupo de abogados, puede verse que Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró se han enriquecido de forma injustificable con sus sueldos públicos, adquiriendo todo tipo de artículos suntuarios, viajes al exterior, obras de arte, dólares, varios vehículos de alta gama y construido una vivienda de más de nueve millones de pesos en un barrio privado de Guaymallén. La denuncia -cumplirá un año el mes próximo- pidió la investigación de varios funcionarios. Fue ampliada el lunes luego de una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que encontró un festival de irregularidades en la contratación de camiones por parte del municipio.

El "Caso Lobos" amenaza a convertirse en una "megacausa" de la corrupción.

Ayer, en el expediente de la denuncia contra el intendente que está a cargo del fiscal Daniel Carniello, aterrizó un escrito más denunciando irregularidades en el contrato de alquiler de una "planta asfaltadora" que fue usada por unos meses, en el fragor de la campaña electoral. Lobos, hay que recordarlo, perdió las elecciones. El contrato de la planta de asfalto fue mencionado este año en notas del POST, pero el testimonio de un testigo reservado permitió destrabar parte de la información y acceder a la documentación que fue presentada como un nuevo elemento. En esta derivación del Caso Lobos, el abogado Alejandro Acosta -quien aportó el escrito a la causa- pidió la imputación de Luis Lobos y del secretario de Obras Públicas Federico Sampieri, por presunto fraude al Estado.

El contrato

Lobos decidió asfaltar Guaymallén en el año electoral y para ello alquiló a la empresa Wanka SA una planta asfaltadora y maquinaria adicional necesaria para la tarea de pavimentación. Este contrato se firmó por un monto anual de 21,6 millones de pesos, a razón de 1,8 millones de pesos al mes. Wanka pondría además a los operarios para la tarea, y la Municipalidad aportaría insumos, combustible y repuestos.

La suma acordada llama la atención. Adquirir una planta de asfalto similar a la alquilada cuesta alrededor de 15 millones de pesos, de acuerdo a consultas realizadas con funcionarios de otros municipios, de áreas afines a la que conduce Sampieri. Lo que se estila en este tipo de contratos es que los empresarios amortizan en dos años las máquinas y luego las explotan a ganancia pura, aunque el desgaste es fuerte y el mantenimiento, caro.

Un cálculo realizado por un funcionario conocedor del tema, dijo que un costo razonable para el equipamiento que alquiló Guaymallén sería de poco menos de $800.000 pesos mensuales. Lobos pagó un millón de más -siempre según estos cálculos- y además dio una generosa recisión del contrato.

Luego de asfaltar unos meses, Lobos frenó las tareas en junio tras perder las elecciones generales ese mes. Y dejó de pagar ese mes, julio y agosto. Luego la Municipalidad le pagó a la empresa Wanka unos 4,5 millones de pesos a pesar que los proveedores de pavimento habían dejado de "fiarle" asfalto al municipio. Sin tarea que hacer, la máquina fue desmantelada y retirada de la comuna, aunque cobraron por el tiempo de inactividad.

El precio no sería la única irregularidad. No hay un registro de las cuadras exactamente asfaltadas, ni pudieron conseguirlo tampoco las autoridades electas del departamento a las que les llegaron las versiones de que había algo raro en el alquiler de la máquina de asfalto. "Habrían asfaltado unas 25 o 30 cuadras, de acuerdo a lo que hemos estado viendo... pero parece que no hay un registro exacto" dijo Marcelino Iglesias -intendente electo- ante la consulta. No son muchas cuadras si se tiene en cuenta que la planta asfaltadora alquilada por Wanka a la comuna puede pavimentar unas 200 cuadras al año.

En definitiva, cuatro facturas de junio y cuatro de julio por 4,5 millones de pesos fueron parte de la recisión a favor de Wanka SA. Y antes, la comuna pagó 1,8 millones de pesos al mes desde el 23 de enero en adelante. La empresa habría alcanzado a cobrar cerca de 12 millones de pesos por unas pocas cuadras de pavimento. Es casi el total de los 12,95 millones de pesos que facturó en ventas esta firma en el primer semestre del año. Hay más: se ve que Luis Lobos se conmovió por la situación crítica de su proveedor, ya que en sucesivos decretos ordenó afectar fondos del municipio para pagar, que luego serían recuperados con dinero nacional del plan "Más cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria".

Por lo pronto, el abogado Acosta le aportó a Carniello la documentación del caso: contrato de alquiler, convenio de recisión, y los decretos de pago.

Algunos de estos datos ya figuran en presentaciones que los denunciantes del Caso Lobos han hecho en la Fiscalía Antilavado y en la Unidad de Investigación Financiera, en la Capital Federal.

El caso Lobos en resumen

1. La denuncia: En diciembre del año pasado, el concejal Federico Telera (FIT) y un grupo de abogados integrado por Carlos Varela Alvarez, Lucas Fallet y Pablo Moreno denunciaron a Luis Lobos, Claudia Sgró y un grupo de funcionarios y amigos del matrimonio por varios delitos. Las sospechas incluyen evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado, peculado, ñoquis, licitaciones irregulares y negocios inmobiliarios, como método -todo ello- de financiamiento personal. Las denuncias fueron presentadas a la justicia provincial (Fiscal Daniel Carniello), Federal (Juez Walter Bento) y a la UIF y la fiscalía Antilavado. Antes, el POST publicó un extenso trabajo sobre el caso, que esta semana fue reconocido en los premios FOPEA de Investigación Periodística.

2. La reacción. Durante muchos meses, la mayor parte de los dirigentes políticos y de los medios hicieron un llamativo silencio sobre el Caso Lobos. Incluso hubo medios que se pusieron a disposición del intendente a cargo para contrarrestar los cargos. La contundencia de las denuncias y el fracaso electoral de Lobos rompieron el cerco.

3. Los testigos y la causa. Varias personas han declarado ya, algunos de ellos funcionarios, testigos reservados, y empresarios de Guaymallén. Ninguno de los juzgados intervinientes ha tomado ninguna medida respecto de Lobos, quien aún no ha declarado ni como testigo. Recrudecen las crítica de dirigentes del FIT y de los abogados, especialmente al fiscal Carniello.

4. Las ampliaciones de denuncia. Después de casi un año de aportar pruebas, testigos y pedir medidas procesales, una auditoría del Tribunal de Cuentas le dio pie a Telera y a los abogados para presentar una ampliación de la denuncia original, por graves irregularidades en la contratación de camiones. Ahora, las sospechas caen sobre el millonario contrato de alquiler de una planta de asfalto.

5. Lo que viene. Lobos vuelve al Concejo Deliberante el 24 de este mes. Un nuevo concejo recibirá a Marcelino Iglesias. El fiscal Carniello debe decidir sobre los pedidos de imputación realizado por los querellantes esta semana.