En Mendoza hay 11 comunidades originarias protegidas contra el desalojo

El trasfondo de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel en el enfrentamiento con Prefectura que ocurrió el sábado pasado en el sur del país, pone nuevamente en el centro de la escena una problemática no resuelta con el Estado: los conflictos con las comunidades de pueblos originarios y su demanda por "posesión ancestral" de la tierra que ocupan en diferentes partes de la Argentina. 

Lo cierto es que, tal como mostró diario La Nación, hay una gran cantidad de comunidades originarias diseminadas por todo el país, y sólo los frena una ley que debe renovarse periódicamente. Cuando caduque, la Justicia puede determinar la permanencia o la expulsión de estas comunidades.

Actualmente, hay 129 sentencias suspendidas, diferidas o archivadas por la aplicación directa de la ley 26.160. Esta ley impide el desalojo de los pueblos originarios. Los desalojos están suspendidos desde 2006.

Este año vencía la ley, pero el Congreso la prorrogó por otros cuatro años, de manera que se extendió hasta 2021.

La prórroga tiene por objetivo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluya el relevamiento catastral que debió haber completado hace ocho años para verificar el asentamiento de todas las comunidades originarias.

Salta es la provincia donde hay una mayor cantidad de comunidades protegidas por esta ley, con 23 asentamientos. La sigue Santiago del Estero con 21 y Neuquén, con 19. Jujuy tiene 17; Tucumán, 13; Mendoza, 11; Chubut, 9 y Formosa, 7, al igual que Río Negro, donde se dieron los casos con resoluciones fatídicas, como la muerte de Santiago Maldonado tras un operativo de Gendarmería y el fallecimiento del propio Nahuel.

En la mayor parte de los casos se trata de comunidades mapuches, pero la lista es mucho más larga e incluye a los pueblos Comechingón, Diaguita, Huarpe, Kolla, Wichi, Guaraní, Calchaquís, Yogys, Guaycurú, Tonokoté, Quechua, Qom, Toba.