Boudou, a punto de ir preso por enriquecimiento ilícito
Esta semana ocurrió un hecho que pasó casi desapercibido para gran parte de la sociedad: el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que el ex vicepresidente Amado Boudou justifique el origen de 80 mil dólares, la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kampfer y puntuales incrementos patrimoniales de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona.
Todo ello en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue en su contra y que inició quien escribe estas líneas en marzo del año 2012.
Lo que presentó Di Lello es algo que técnicamente se denomina "requerimiento de justificación de bienes".
Lo hizo ante el juez federal Ariel Lijo sobre la base de un argumento elocuente: "Existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública".
Por si no fuera lo suficientemente claro, el fiscal puntualiza en el mismo escrito: "Se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, se adquirían bienes y acciones, procurando mostrar una capacidad económica previa que justifique las operaciones realizadas".
¿En qué se basó Di Lello para hablar con tanta seguridad? En un peritaje contable que duró dos años y se entregó a la Justicia el 10 de octubre pasado.
En ese contexto, el funcionario judicial le pidió al juez que requiera a Boudou la justificación de tres inconsistencias detectadas: 80 mil dólares sin origen claro para los peritos, 120 mil dólares pagados por la compra de un departamento a Agustina Kampfer, cuando eran pareja, y el origen de los fondos con que su socio y supuesto testaferro Núñez Carmona compró bienes y constituyó sociedades.
A tal efecto, el escrito de marras advierte que "los expertos se encontraron con lo que podríamos denominar registraciones globales, discrepancias en las declaraciones patrimoniales, obligaciones tributarias presentadas fuera de término, como acciones tendientes a desorientar la visualización de la situación patrimonial de personas físicas como jurídicas".
El estudio ad hoc, que estuvo a cargo de peritos contadores del cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó que "las prácticas contables de las sociedades investigadas no encuadran en las exigencias de dichas normas, induciendo a error respecto a su situación patrimonial real" de los imputados.
Lo que hicieron Boudou y sus “amigos” es tan desprolijo, que los especialistas lograron verificar “asientos contables en los libros respectivos sin respaldo documental, asientos globales, tachaduras, sobre escritos, blancos, huecos, raspaduras, enmiendas, etc, reflejando así registraciones que no responden en forma verídica y clara a cada uno de los actos susceptibles de registración".
Ciertamente, hay muchas otras inconsistencias y “chastrinadas”, que fueron bien explicitadas por los peritos en su informe.
Son elementos que, según refirieron al Post altísimas fuentes de Comodoro Py, le auguran a Boudou un destino inevitable: la prisión.