Buscan frenar las filtraciones en la causa de la Tupac

La Justicia de Mendoza es un colador, sin distinción de competencias. Los juzgados de garantías, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad que hacen de auxiliares, son permeables a todo tipo de filtraciones, algunas muy perniciosas para la investigación, sea el caso que fuere. Sucedió en la causa de la Tupac y su líder presa Nelly Rojas el 7 de abril, cuando desde el Sexto Juzgado de Garantías un funcionario se habría comunicado con abogados de la Tupac Amaru, para advertirles de la inminente detención de la dirigente social y su familia y -lo que es casi tan grave- de 24 allanamientos que terminaron de hacerse recién este fin de semana. El último fue en pleno feriado del Viernes Santo, en el que se secuestraron vehículos y documentación en un galpón de la Tupac.

La filtración más importante ocurrió el viernes 7 de abril al mediodía cuando la fiscal de Las Heras y Lavalle -Gabriela Chaves- intentaba conseguir autorización del Sexto Juzgado de Garantías para detener a la dirigente Nelly Rojas, la jefa de la Tupac Amaru en Mendoza, su esposo Ramón Martínez, y dos de sus hijas, Carla y Leonela. La información fue traficada a los abogados defensores de la Tupac y los acusados se presentaron de modo “espontáneo” en la fiscalía. Los detuvieron igual, pero parte de los operativos fueron frustrados. Cuando ocurrió la filtración, el juzgado -cuyo magistrado natural es David Mangiafico- estaba a cargo de la conjueza Erica Sánchez, de reconocida militancia en la justicia garantista.

La fiscal Chaves y el fiscal adjunto Gonzalo Nazar hicieron una denuncia, y el caso de la filtración es investigado por la fiscal de capital Cecilia Bignert. Se supone que hoy estarían las pericias sobre una media docena de teléfonos del Sexto de Garantías y de los conmutadores de Tribunales y del Ministerio Público. Sin embargo, diversas fuentes consultadas en el ámbito de la justicia señalan a Enrique “Quique” Gómez, jefe de Mesa de Entradas del Sexto de Garantías, como el principal sospechoso de la filtración. También a una funcionaria llamada Andrea Moyano. “Los cruces de llamadas son muy comprometedores” admitió una fuente judicial, a condición de mantener la reserva de su nombre. Gómez, conocido en el ámbito de tribunales por su expresa militancia kirchnerista, es el tercer funcionario en orden de importancia en el juzgado de Mangiafico.

Los allanamientos sólo pudieron hacerse una semana después, cuando la jueza de garantías Alejandra Mauricio finalmente los autorizó. Sin embargo, “no hay mal que por bien no venga” dice el refrán. Hubo miembros de la Tupac que mientras el expediente iba de un lugar a otro, comenzaron a transferir vehículos a otras personas, especialmente autos y camionetas nuevos, por lo que habrá nuevos procesamientos. En estos allanamientos hubo un dato que llamó expresamente la atención: no participaron policías, ni oficiales de policía, ni de otras fuerzas de Seguridad, radicados o con familiares en Lavalle, donde la Tupac tuvo su centro político, financiero y operativo. Fue en la sucursal del Banco Nación en la que Ramón Martínez, el esposo de Nelly Rojas, hacía extracciones casi a diario.

La “exclusión” de personal de Lavalle habría alcanzado a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a las fuentes. “Lo que ocurre es que -en Lavalle- mucha gente, casi todos, tenían alguna relación directa o indirecta con la Tupac, por la construcción de las casas, los actos, el movimiento en general de la organización. La fiscal expresamente pidió excluir a personal de Lavalle” confió una fuente del ministerio de Seguridad. Hay problemas por partida doble. En el ministerio están haciendo averiguaciones respecto de “filtraciones” tan delicadas como en el caso de la Tupac. Vecinos que denunciaron a un “quiosco” de drogas en la villa cabecera del departamento de Lavalle, luego recibieron “aprietes”. La sospecha es que se está ante un caso de corrupción policial. Pero que no tendría relación con las estafas, los aprietes y los manejos de dinero de la organización conducida por Nelly Rojas, y a nivel nacional, por Milagro Sala. Al menos, de momento.

La causa de la Tupac viajó por numerosos jueces en pocos días. De la conjueza Érica Sánchez pasó al juez camarista Carlos Parma, quien aceptó una recusación de todo el personal del Sexto de Garantías, planteada por la fiscal Chaves, y ahora, quien tome las decisiones de control será la jueza del primero de Garantías, Cristina Pietrasanta. Mientras tanto, se esperan para esta semana nuevos allanamientos, y posiblemente más imputaciones. También declararía Nelly Rojas, una instancia que no se pudo cumplir la semana pasada, porque los abogados Alfredo Guevara y Horacio Báez denunciaron “maltratos” a la detenida, algo que luego fue negado por el gobierno y la fiscalía.

Las filtraciones entre el Sexto de Garantías y los defensores no fueron las únicas. La fiscal Chaves quiso hacer un allanamiento "secreto" en el galpón de la Tupac. Pero allí se encontró con periodistas de algunos medios de Mendoza, que se editan en papel. "No sabemos qué pasó. Lo deben haber filtrado policías del operativo" dijo una fuente del Ministerio Público.

El caso

Nelly está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, de coacción agravada, extorsión, estafa, fraude y desvío de fondos. La Tupac habría manejado en Lavalle unos 600 millones de pesos en cheques, depósitos y efectivo de fondos nacionales entre los años 2010 y 2016, que luego distribuyeron de modo discrecional. Y asignaron las viviendas de acuerdo a un sistema de méritos interno, cuya escala era la de cumplir con los actos kirchneristas, y trabajo social. Luego, la semana pasada, fue detenido un hermano de Nelly, Ángel Rojas. La denuncia, originalmente, fue hecha por ex miembros de la Tupac que se sintieron estafados. Pagaron, fueron a los actos, participaron, cumplieron las órdenes de Nelly y su entorno, se sometieron a los “aprietes” y las exigencias, y luego, les quitaron las viviendas.