Nombran como defensores a abogados que antes habían denunciado al fiscal en otros casos.
Maniobran para apartar al fiscal de causas contra Luis Lobos
La maniobra es brillante, digna de causas más nobles. Y seguramente no fue gratis. Los estrategas judiciales del ex intendente Luis Lobos lograron apartar al fiscal especial Juan Manuel Bancalari en dos de los casos de corrupción en los que el ex funcionario está más complicado. Para ello, consiguieron que distintos abogados en conflicto con Bancalari en otras causas, asuman la defensa de imputados en dos de los expedientes que involucran a Lobos. Con ese simple recurso, consiguieron que el fiscal debiera inhibirse.
La trama es compleja, pero en el mundo judicial es habitual. Es como si un abogado quisiera, por ejemplo, recusar a un juez. Basta con que tenga con él cualquier entredicho “accidental” y luego lo recuse por motivos personales. Pasa todo el tiempo.
Los abogados que “calzaron” a la perfección en la embestida del Clan Lobos contra Bancalari son Pablo Cazabán -en dupla con Juan Pablo Chales- y el abogado Carlos Castillo. Cazabán y Chales patrocinaron al “informante” Enzo Stuto en un hábeas corpus, acusando al fiscal Bancalari de un “apriete”. El juez hizo una compulsa penal en la Unidad Fiscal de Capital, y allí Cazabán y Chales se presentaron como querellantes contra Bancalari. Y ahora defienden a la sobrina de Lobos, imputada en una de las causas igual que el ex intendente. Bingo.
Stuto era el datero famoso de otro fiscal, el desplazado Daniel Carniello. A la vez, los abogados Pablo Cazabán y Chales aparecieron como defensores de Silvina Alcaraz en la causa de la “mucama ñoqui” de la suegra de Lobos. Alcaraz es sobrina política del ex intendente, y sobrina directa de su esposa Claudia Sgró. En esa causa -llamado “Caso Fara”- ya se comprobó que la suegra de Lobos -María Elena Fernández- cobraba los salarios de una empleada doméstica de su casa, que a la vez era empleada municipal sin saberlo. Hay videos de la mujer cobrando el dinero en un cajero de paso a su domicilio. La mujer perjudicada se llama Laura Fara, hizo la denuncia en la comuna y luego en la fiscalía especial de Bancalari. En esa causa, el municipio conducido ahora por el radical Marcelino Iglesias es querellante.
El caso de la “mucama ñoqui” de Lobos es el más avanzado contra el ex intendente. Están imputados él, su esposa Claudia Sgró, su suegra María Elena Fernández y su sobrina Silvina Alcaraz. También otros ex funcionarios de la administración, del área de Recursos Humanos. La sola presentación de Cazabán y Chales fueron suficientes para que Bancalari debiera inhibirse. Esta causa pasó a Santiago Garay, otro fiscal especial. Cazabán y Chales tienen experiencia en la materia. Años atrás buscaron apartar a Garay del Caso Matar, aquel de la publicidad oficial durante el gobierno de Celso Jaque.
Las causas de la política y la corrupción se tocan con aristas comunes. Carniello fue el primer fiscal del caso Lobos, y avanzó poco y nada durante casi un año. Aunque produjo la primera imputación contra el ex intendente.
El otro expediente en que Bancalari debió inhibirse es el Caso Wanka, revelado por este diario el año pasado. Es una compleja trama de alquiler fraudulento, con sobreprecio y tareas que no se pudieron comprobar, de una planta de asfalto. Aquí, los estrategas de Lobos pusieron al frente de la defensa de uno de los imputados a un abogado del foro local, llamado Carlos Castillo. Es el que empujó un Jury contra Bancalari, que se decide esta semana. Castillo buscó “limar” al fiscal, en coincidencia con los intereses de Carniello. Castillo es considerado un abogado de prestigio módico en el mundo judicial. Pero es útil a este caso. Al ser el defensor de un imputado en una de las causas contra Lobos, Bancalari también debió inhibirse. Bingo completo. Otro caso para engrosar la lista diaria del fiscal Santiago Garay.
La máquina de asfalto -para recordar el caso- fue alquilada por la Municipalidad a una empresa propiedad de Cristian Núñez, un ascendente desarrollador inmobiliario del departamento, propietario de los proyectos de barrios privados “Sol Andino” I, II y III. Por supuesto y como también lo rebeló este medio, la esposa de Lobos, una empresa de Lobos y Sgró, y otros ex funcionarios del PJ, la UCR y el PD, tienen terrenos en los barrios de Núñez. También en los de otro desarrollador, llamado Antonio Fernández, propietario del proyecto Nautilus. Nada es casualidad.
En el caso Wanka, los imputados son Roque Núñez (padre de Cristian Núñez), quien fuera presidente de Wanka durante los escandalosos contratos con la comuna; el ex secretario de obras públicas de la comuna Federico Sampieri, y el propio Luis Lobos.
Las causas, a Garay
La estrategia de correr a Bancalari y que las causas pasen a Santiago Garay pueden suponen un riesgo. El fiscal Garay es el mismo que logró mantener preso al ex intendente peronista de Santa Rosa Sergio Salgado, quien pasa sus días en la prisión de San Felipe desde marzo. Y es a la vez el mismo fiscal que logró llevar a juicio oral al fallecido intendente capitalino Víctor Fayad en un caso de amenazas agravadas -justamente- contra quien firma esta nota. No es un funcionario fácil de arrear. Por lo tanto, no es de extrañar que el "Team Lobos" tenga a la vez un plan para despacharlo.
El equipo de Lobos
¿Cuánto le habrá costado a Luis Lobos esta enorme jugada judicial? El “Team” legal del ex intendente es de temer. El abogado principal “a la vista” es Omar Venier, un profesional de primera línea del foro local, hermano del ministro de Seguridad Gianni Venier. Sus hijas, abogadas también, forman parte del equipo. En las audiencias son temibles.
Otro abogado de prestigio en el foro local y ex funcionario que estaría colaborando con la causa es Alejandro Poquet, académico y experto en seguridad. Poquet mantiene desde hace tiempo bajo perfil. Pero en el gobierno y en el mundillo de los abogados están convencidos de su participación. El dato no pudo ser confirmado con el propio Poquet, ya que declinó responder a este medio mensajes sobre el caso. El abogado además es amigo del fiscal Daniel Carniello, el ex fiscal especial que debió dejar su lugar a Bancalari y enfrentar un Jury, en medio de una trama político-judicial que incluye desde espías hasta policías sospechosos que prestan armas a probados delincuentes.
Al “Team” olímpico de Lobos se sumaron ahora Pablo Cazabán, Juan Pablo Chales y Carlos Castillo.
Se ve que el ex intendente no tiene problemas de “efectivo”. No le va a salir económica su defensa judicial.
Lo abogados ya deben de haber calculado el costo de una “megacausa” que será larga, intrincada, y que mostrará la corrupción endémica como pocos casos.
Sin embargo, no es de esperar que se haga muchos problemas. Los vecinos de Guaymallén ya han pagado la cuenta.