La Suprema Corte hizo lugar a un hábeas corpus por Almafuerte y San Felipe. Hacinamiento y mugre.
Cárceles mendocinas, sórdidas y espantosas
Una cosa es el encierro dictado por la ley y un tribunal. Y otra muy distinta, agravar las condenas "de hecho" con situaciones de detención denigrantes, inhumanas, enfermizas, sórdidas. Una persona roba y va a la cárcel. ¿Pero cuánto vale su condena si vive su encierro en la mugre, a veces sin agua ni luz, hacinado, con 11 personas en un lugar para cuatro, y con riesgo diario de vida?
Mendoza ha sufrido reiteradas condenas internacionales y observaciones e incluso cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de las cárceles locales. Ahora, fue la propia Suprema Corte local la que hizo lugar a un Hábeas Corpus, y obligó a la vez al gobierno provincial a mejorar las pésimas condiciones de detención en Almafuerte y San Felipe, dos establecimientos en los que se produjeron mayor cantidad de muertes, al punto que están bajo observación internacional.
Para Alfredo Cornejo será parte de la herencia, pero no sólo de Pérez, sino de por lo menos tres gobiernos más, incluidos los dos radicales que le precedieron: Cobos e Iglesias.
Superpoblación "oficial" del 11 %.
Uno de los problemas más graves es el del hacinamiento. El 95 % de los presos mendocinos se concentra en Boulogne Sur Mer, San Felipe, San Rafael y Almafuerte. El gobierno reconoce una superpoblación de sólo unos 500 presos, sobre una población que supera los 4.000 detenidos. Ha informado a organismos que cuenta sólo con poco más de 3.500 camas. Si no se construyó ni un metro de cárcel desde 2010, la conclusión es que se fue amontonando gente. Y así fue. Almafuerte se concibió para albergar a un preso por celda, y ya hay de a tres. En San Felipe hay pabellones de 150 personas, con hasta 11 presos en algunas celdas. Sitios llamados "aulitas" que no están preparados para mantener a personas detenidas, porque no tienen agua, fueron acondicionados como celdas.
De todos modos, la superpoblación no significa sólo la gente de más que hay por celda, módulo o pabellón, sino todos los servicios que esas personas no reciben: educación, salud, trabajo, adecuados a su encierro.
¿Cárcel o depósito de chatarra?
Ahora, ocurrió que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a un Hábeas Corpus presentado por el abogado Carlos Varela Álvarez, luego de verificar con grupos de abogados, estudiantes y médicos, las pésimas condiciones de los presos en las cárceles de Almafuerte y San Felipe en setiembre del año pasado. La Corte mendocina le dio la razón al abogado, y exigió al gobierno provincial un plan de obras para mejorar las condiciones de detención de los presos, como complemento de muchas otras medidas.
El fallo, firmado luego de un plenario del alto tribunal, se preocupa también por las condiciones en que trabajan los penitenciarios, y por los presos juveniles.
Así lucen las instalaciones.
La decisión fue dada a conocer ayer en un documento de 27 hojas firmadas por seis de los siete jueces de la Suprema Corte. “Lo más importante es que al ‘hacer lugar’ al recurso, la Corte reconoce que aquello que dijimos sobre el estado de las cárceles, es verdad” dijo el abogado Varela Álvarez sobre el caso. “Es un fallo muy alentador, porque además le pide al gobierno un plan de acción y se compromete en el seguimiento” dijo el letrado.
Instalaciones clandestinas y peligrosas en las celdas.
Precariedad, por todos lados.
La Corte ordenó la conformación de una “mesa” con representación política e institucional, que deberá hacer el seguimiento de cuanto se haga para mejorar la calidad de vida de las personas detenidas.
Varela Álvarez y otros profesionales recorrieron San Felipe y Almafuerte el año pasado, antes del fin de la gestión justicialista. Y allí constataron el pésimo estado de las dos cárceles, y recogieron fotos y testimonios.
Aunque parezca increíble, esto es una celda de una cárcel mendocina.
Algunos de los puntos destacados de aquellas recorridas, fueron:
-Hallazgo de personas golpeadas o con severos problemas de salud mental. Deficientes servicios de salud, de provisión de medicamentos, de educación, de trabajo y la imposible comunicación de las personas privadas de libertad con el juzgado de ejecución penal.
-Falta de colchones, de comida de calidad, de cubiertos, de elementos de higiene. Y hasta baños y duchas sin luz.
-En el caso de Almafuerte hay un basural a ‘cielo abierto’ que se ubica en el distrito Campo Cacheuta a unos 800 metros del complejo penitenciario. Gran cantidad de insectos y roedores que se propagan por causa de la mugre del lugar.
-Hacinamiento en celdas de hasta siete personas, cuando sólo hay tres literas. Y de once, en celdas de cuatro.
-Hay módulos sin agua en las celdas, los inodoros están tapados y deben ser baldeados con agua de las duchas. Instalaciones eléctricas clandestinas y peligrosas y que los colchones son altamente combustibles rellenos de estopa o aserrín.
-Personal de requisa que actúa con violencia rompiendo en muchas ocasiones pertenencias o cortando cables de luz o golpeando a los internos con prácticas de tortura, siempre a cara tapada y con prohibición de ser mirados.
-Penitenciarios en precarias condiciones laborales.
Basural en Almafuerte.
La decisión de la Corte
La Suprema Corte decidió “hacer lugar” al recurso, aprobar una propuesta de mejoras realizada por el Ministerio de Seguridad, controlar el seguimiento de este plan, pedir al gobierno un cronograma de tareas de tres meses, pedir a la Legislatura la aprobación rápida de leyes que mejoren la situación carcelaria, pedirle al gobierno que acelere las gestiones por la cárcel federal, y conformar “…una Mesa de Trabajo Institucional que se integrará con esta Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo Provincial y las Cámaras Legislativas, todos mediante los representantes que designen al efecto; el Procurador General de este Tribunal; y el Procurador de las Personas Privadas de Libertad. Se invitará a participar de las deliberaciones de aquella Mesa a la Inspección General de Seguridad, al Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, al Procurador Penitenciario Federal y a la Capellanía Penitenciaria. La referida Mesa tendrá por finalidad articular políticas de mejora y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad alojadas en los Complejos Penitenciarios Almafuerte y San Felipe con especial consideración de los aspectos que trata esta resolución y las demás actividades de asesoramiento y control que le encomienden los Poderes Públicos de la Provincia…”.
La Corte exigió condiciones dignas de alojamiento, acceso a salud, educación, trabajo, justicia, y varias medidas más.
El fallo completo firmado por todos los jueces menos Pedro Llorente, el presidente –no es de uso que un presidente firme los fallos plenarios unánimes- puede leerse en este link.
