¿Dónde vivimos, Estados Unidos o Argentina?

Es alarmante el divorcio entre opinión pública y derecho en general. Creo que en parte tiene que ver con las pasiones y con una excesiva confianza en lo que expresan los dirigentes. Todo ello se suma a una desconfianza absoluta sobre lo que dicen los especialistas. Es paradójico que se desconfíe de aquellos que tienen conocimientos específicos acreditados sobre determinados asuntos. 

Pareciera más relevante lo que opina el Gobernador de la Provincia que lo que pueda expresar el Titular de las cátedras de Derecho Penal de Universidades tan prestigiosas como las que tenemos en la Provincia respecto a temas que son justamente la especialidad de estos últimos. Es necesaria la intervención de las Universidades, de las ONG y otros actores que dedican toda su energía a saberes específicos. Sin embargo la conducta que tenemos sigue repitiéndose, vamos al curandero y dejamos al médico como última opción. Pareciera que con el tema de la inseguridad seguimos dirigiéndonos a callejones sin salida. Es necesario buscar nuevos caminos.

A fines de 2015, la Suprema Corte resolvió un habeas corpus a favor de todas las personas detenidas en la provincia, más específicamente sobre todos aquellos que no tienen condena y por lo tanto gozan de la presunción de inocencia, que constituye una garantía constitucional de todas las personas. Lo cierto es que a menudo los operadores jurídicos escuchamos que la opinión pública dice que se deberían endurecer las penas, que deberían dictarse mayor cantidad de prisiones preventivas, que debemos castigar a los culpables, que deberíamos matar a los violadores, incluso oímos frases como “¿Cómo es posible que cuando un perro mata a un niño lo ponen a dormir y cuando un hombre viola no lo matan?” etc. El gobernador de la provincia, haciéndose eco de estos razonamientos, ha dicho en su reciente discurso del 1 de mayo, en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, que “Queremos que los que hayan cometido delitos graves o muy graves esperen ser juzgados detrás de las rejas, porque está absolutamente demostrado que son un riesgo para la sociedad”. Considero que dichos razonamientos son falaces.

En principio, es necesario decirlo, nos confunden. Una persona que espera juicio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se sabe si cometió el delito hasta que un Juez o Tribunal lo haya sentenciado. Me ha tocado presenciar innumerables casos de inocentes que fueron detenidos, sospechados y demás. Sobre estas personas pesa una sospecha pero no son delincuentes hasta que un Tribunal lo declara así. Pensar lo contrario implica desconocer cómo funciona elementalmente el Estado de Derecho. Y no debemos olvidar que cuando empezamos a vulnerar los derechos de los individuos, la línea entre un Estado de Facto y nuestro Estado de Derecho empieza a desdibujarse… y todos sabemos adónde puede llevarnos eso.

El delito indigna a la sociedad, sin embargo olvidamos que el delito es una violación a la norma, y nuestro Estado se rige por leyes. Nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, firmó la Convención Americana de Derechos Humanos. Como país nos comprometimos a respetar la ley, a respetar los tratados internacionales y el principio de inocencia entre otros derechos humanos. Vulnerar los derechos de los individuos so pretexto de terminar con la inseguridad no solo implica violar la ley sino llevarnos por el camino de la ineficacia, de la ira, de la ignorancia. Un camino que muchas veces es aprovechado por algún populista de turno. No respetar la ley implica también cometer delitos, vulnerar derechos implica delinquir. Entre las grandes ignominias de la humanidad se encuentra la condena de los inocentes y la consiguiente vulneración de sus derechos humanos.

Veamos también algo llamativo. Estados Unidos, país que no firmó la tan vilipendiada por la opinión pública Convención Americana de Derechos Humanos es el país con mayor cantidad de gente detenida en el mundo. Se trata de la población carcelaria más grande del mundo, por delante de China y más que la de 35 países europeos juntos. Un 25% de las personas encarceladas en el mundo están en EE.UU., que tiene un 5% de la población mundial.

Entonces…¿podemos decir que no respetar los derechos humanos de los detenidos traiga mayor seguridad?

La opinión pública considera que los derechos humanos crean inseguridad o que implica que los culpables no paguen por sus delitos. Todo lo contrario, es falsa la creencia de que penas más duras o mandar al calabozo a todos los sospechosos es lo que genera más inseguridad. Así como el mal engendra el mal, la violación de derechos humanos genera más delitos.

Creo que debemos proponer nuevos caminos, ya que los que hemos transitado nos han llevado a más muertes, más robos, más inseguridad. Propongo que se vea qué dicen los especialistas del Poder Judicial, del Estado, de las ONG, de las Universidades, tanto en derecho penal como en seguridad (son dos cosas diferentes). Es necesario que “abramos la cancha” como se dice en la jerga futbolística. Propongo que admitamos que hasta ahora no hemos hecho las cosas bien y que cambiar el rumbo implica la posibilidad de mejorar nuestra sociedad.

(*) Especial para Mendoza Post