Es la segunda imputación por corrupción al ex intendente. También imputaron al resto de la línea de Recursos Humanos de su gestión.
Imputan a Lobos, una sobrina y a su suegra por la “mucama ñoqui”
El fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Bancalari imputó hoy al ex intendente Luis Lobos los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de administración infiel, a su suegra María Elena Fernández como coautora y a cuatro ex funcionarios –entre ellos su sobrina Silvina Alcaraz- del área de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guaymallén, por la contratación a modo de “ñoqui” de Laura Fara, una mujer que trabajó durante años como empleada doméstica de la suegra del ex intendente y que los denunció a todos, cuando se enteró que –sin saberlo- era empleada Municipal de Guaymallén desde 2011 al igual que su hijo de 22 años, jardinero además de la madre de Claudia Sgró y madre política del ex jefe comunal. De este expediente, de milagro, saldrá indemne la esposa de Lobos Claudia Sgró a pesar de que su madre, su marido y su sobrina quedarán acusados de los delitos por los que fueron imputados.
Lobos y su familia política fueron comunicados de las imputaciones esta tarde en la Oficina Fiscal de Delitos Complejos.
El ex intendente peronista de Guaymallén se abstuvo de declarar.
En primer plano, la suegra de Lobos. También fue imputada.
Para Lobos es la segunda imputación. Antes de ser removido de la fiscalía de Delitos Complejos el fiscal Daniel Carniello le había imputado fraude al Estado en la modalidad de administración fraudulenta, por la contratación “trucha” de camiones para supuestos trabajos municipales. Ello ocurrió luego de una ampliación de la denuncia original del FIT y de un grupo de abogados mendocinos, y de una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que detectó las irregularidades.
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La “megacausa” Lobos ya acumula varios expedientes. La denuncia “madre” luego de la investigación publicada por este diario en diciembre de 2014, el caso de los camiones, el caso Fara, el caso Wanka (la contratación irregular de una máquina asfaltadora), y los casos por evasión, lavado de dinero y enriquecimiento que se tramitan en la Justicia Federal y en la UIF. Todas aquellas pistas surgieron de la investigación publicada por el POST.
El caso Fara es paradigmático. Porque la empleada “ñoqui” trabajaba en la casa de lo suegros de Lobos como empleada doméstica, sin saber que desde 2011 era agente municipal. Y la persona que cobraba su sueldo era nada menos que la suegra de Lobos: María Elena “Mamá Sgró” Fernández, según pudo acreditar la justicia, “cruzando” las extracciones hechas en cajeros automáticos con la tarjeta de débito de Laura Fara, con los videos aportadas por las cámaras de esos mismos cajeros. En el expediente están las imágenes de María Elena Fernández, esposa de Juan Carlos Sgró y madre de la esposa del ex intendente, extrayendo dinero claramente de esa cuenta. No fue una suma menor. Laura Fara estaba “cobrando” en diciembre del año pasado cerca de 16.000 pesos. Y en un lapso de cuatro años, desde que fue metida como “ñoqui”, de su cuenta-sueldo de empleada municipal fueron extraídos 350.000 pesos. Una suma nada despreciable.
La denuncia de Fara se produjo el mes pasado, cuando advirtió que estaban pasando cosas raras en su relación con los Lobos-Sgró. La mujer recibía de manos de las Sgró una suma de 500 pesos mensuales, de la que le habían dicho era “un subsidio social”, para el que tuvo que firmar una serie de papeles en una oficina de la Municipalidad que no pudo identificar. En noviembre del año pasado, cuando Lobos aún era intendente, la propia Claudia Sgró le explicó a Fara que había conseguido “blanquearla” en la Municipalidad y que debía empezar a trabajar. Pero algo empezó a sonar mal cuando uno de sus hijos fue citado por la comuna para presentarse a su puesto de empleado municipal, cuando en realidad nunca lo había sido. La mucama de los Sgró tomó contacto con funcionarios de la Municipalidad, y allí descubrieron que ella misma era “empleada” desde 2011. Fue así que hizo dos denuncias. Una en la propia Municipalidad, y otra en la Fiscalía de Delitos Complejos que hoy conduce Juan Manuel Bancalari.
Segunda visita de Lobos a la fiscalía en pocos meses. Imputado otra vez.
Laura Fara no fue cualquier “ñoqui”, sino una especial. Nunca faltó, nunca tomó licencias, nunca hizo ningún pedido, y nadie verificó jamás su asistencia, la que por otro lado no había sido registrada. Además, estaba asignada a la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guaymallén cuando Lobos era intendente. Allí, la “mandamás” era Silvina Alcaraz, sobrina de Claudia Sgró y Luis Lobos, una de las ex funcionarias imputadas esta tarde. Era jefa de personal y subdirectora de Administración de la comuna. Una testigo de la causa Lobos, entrevistada por este diario en oportunidad de la primera investigación, la describió como la persona que vigilaba el “circuito ñoqui” de la municipalidad y era importante en la estructura “administrativa” del clan. Junto a Alcaraz fueron imputadas tres personas más de la oficina de Recursos Humanos: Alberto Aceña, Cintia Spatola y Marcela Malara. Fueron jefes y subjefes de administración y de liquidación de haberes.
Cerca de las cuatro y media de la tarde, Luis Lobos, Claudia Sgró, María Elena Fernández y su abogado Omar Venier, ingresaron a la Fiscalía de Delitos Complejos.
La imputación a Lobos, en este caso, es por haber firmado el decreto de nombramiento de una persona que nunca trabajó, y porque no hizo controlar si era efectivamente empleada o no. Como agravante, va la condición de “empleada de los Sgró” de la mujer denunciante del caso.
María Elena Fernández, imputada.
Hay un detalle “de color”, si se quiere, que marca la impunidad con la que operaba la banda. María Elena Fernández, la suegra de Lobos, cobraba el “sueldo” de Laura Fara en un cajero que quedaba en el camino a su casa. Bien a mano. N tuvo siquiera ese cuidado. Con este método, y sólo en este caso, “levantaron” 350.000 pesos de la cuenta-sueldo de la mujer que los denunció.
El "caso ñoquis" de Gaymallén mete miedo. Se calcula que hubo sólo en el final de la gestión Lobos cerca de 200 ñoquis, "regenteados" por diversos punteros y dirigentes, además de los propios del clan Lobos-Sgró. La "cooperativa política" del departamento podría haberse hecho de unos 70 millones de pesos con este método e financiamiento ilegal, a costa del presupuesto municipal.
