Luego de las elecciones del domingo, el peronismo pergeña una dura estrategia contra Cristina Kirchner, enfocada en la justicia y los medios.
La venganza del PJ contra CFK
Hace un año, cuando Cristina Kirchner acusó al massismo de impulsar la denuncia contra ella en relación a la firma Hotesur —y el consecuente nexo con Lázaro Báez—, no reparó en un detalle: ningún referente del peronismo tradicional se pronunció al respecto, ni a favor ni en contra de ella.
Ese mutismo, que hoy se profundizó, es más que sintomático: tiene que ver con el quiebre que empezó a manifestarse tibiamente entonces y que ahora se ha profundizado a extremos no imaginados.
Para entenderlo, hay que esperar a que pase el balotaje el próximo domingo: si todo sale como se prevé, Daniel Scioli será el gran perdedor y cobrarán reimpulso media docena de expedientes judiciales que hoy parecen paralizados.
Uno de ellos es el que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, relacionado con presuntos sobornos en la importación de gas. En ese contexto, no casualmente decidió el magistrado allanar el Ministerio de Planificación Federal y las empresas estatales Enarsa e YPF el mismo día que se conmemoraba con dolor un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el pasado 18 de julio.
Otro expediente que avanzará es el de Hotesur, que oportunamente va a reimpulsar la Justicia, para enojo de CFK.
Pero hay otra causa aún más elocuente de lo que vendrá, que impulsa su colega Ariel Lijo: es la que busca determinar si los laboratorios medicinales que traficaron efedrina aprovecharon la campaña política del Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero.
Lijo tiene en su poder un documento determinante y elocuente: un dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da por probado el hecho.
Con ese informe en sus manos, el juez irá por Cristina luego de que pasen las elecciones. Bonadío hará lo propio con el expediente Hotesur, tal cual le juró en reserva a la denunciante, Margarita Stolbizer.
Sospechas y algo más
El juez Lijo sospecha que se habría violado la ley 25.246, al tiempo que abriga la posibilidad de que hubiera habido encubrimiento de la procedencia de activos —del artículo 278 del código de rito—. También podrían darse otras figuras penales como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y hasta contrabando simple.
Al documento de la Corte, debe sumarse un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de principios del año 2010 que también está en poder del juez. Allí también se vincula la campaña del año 2007 con puntuales empresarios investigador por tráfico de efedrina.
Por caso, en ese documento, donde aparecen oportunos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se desnuda cómo el empresario Néstor Lorenzo hizo una serie de aportes en efectivo a la campaña ad hoc por un total de 2 millones ochocientos mil pesos, entre octubre y noviembre del 2007.
Como sea, según reveló oportunamente diario Perfil, un grupo de jueces se reunieron en Puerto Madero para ponerse de acuerdo entre sí y avanzar en causas de corrupción contra el kirchnerismo. Quien coordinó ese ágape es un operador cercano a Eduardo Duhalde, a quien, dicho sea de paso, el gobierno acusa por impulsar disturbios de cara a diciembre de este año.
Uno de los magistrados que estuvo allí explicó a Perfil con crudeza: “Acá (en tribunales) hay una sensación de que este Gobierno se terminó”. Luego del próximo domingo, ello será algo más que un dogma de fe.
Concluyendo
Cristina está preocupada, no solamente por el avance judicial sobre sus cuentas, sino además por la imposibilidad de operar sobre la justicia Federal.
Su otrora operador, el auditor Javier Fernández, quedó desactivado luego de que el 5 de octubre de 2011 alguien tiroteara su automóvil. Ocurrió mientras transitaba desde su casa hacia sus oficinas en el microcentro porteño.
Esa mañana, Fernández fue interceptado por un vehículo, desde el cual habrían disparado “a matar”, según detalló un peritaje hecho por Gendarmería nacional.
Lo curioso del hecho es que, hasta el día de hoy, el auditor insiste en asegurar que lo que le pasó es, ni más ni menos, que la cara más feroz de la interna del PJ.
Como dijo alguien alguna vez, “en política las casualidades no existe”.