PymeVIP: arranca un nuevo juicio... ahora por lavado de dinero

El caso del prostíbulo VIP de Mendoza no deja de sorprender: a pocos meses del juicio que condenó a Sebastián Solé, dueño del local que regenteaba chicas para ofrecer sexo, la investigación seguirá por otros carriles, ahora bajo el tópico del lavado de dinero.

No se trata de un nuevo juicio, sino de la recopilación de nuevas pruebas a efectos de iniciar un nuevo expediente, donde se llamará a declaración indagatoria a quienes hoy purgan pena por el caso PymeVIP.

En realidad, es un delito conexo al de trata de personas con fines de explotación sexual. 

El fiscal federal a cargo de la causa, Fernando Alcaraz, confirmó al portal Unidiversidad que la investigación continúa abierta y que hay otras personas implicadas en el caso de lavado de activos, que no fueron a juicio por el delito de trata de personas. 

Entre los involucrados están el propio Solé, dueño del local; su esposa, Nadia Haro; su padre, Cristian Prado; un socio y Romina Tonolli, que se sospecha es testaferro de Solé.

En tal contexto, Alcaraz explicó que, a su entender, quedó evidenciado el lavado de activos, ya que se incautó dinero en el local por un monto cercano a los 2 millones de pesos, además de propiedades y vehículos de alta gama, que estaban a nombre de Tonolli.

Consultado por el Post, Solé aseguró que el nuevo proceso se trata de “humo, sin nada de pruebas (...) Es un coletazo por no poder condenarme por trata de personas”.

-En la denuncia aparecen montos y propiedades.

-Yo no he hecho lavado, ni los montos son tales: yo tengo una sola propiedad, comprada con fondos legítimos, comprobados.

-¿Cómo vivís esta nueva situación?

-Estoy realmente cansado y harto de vivir como un delincuente sin serlo. Ni hablar que cada día corre peligro mi vida… y jamás se respetó el principio de la inocencia.

Haciendo historia

La trama de lo que hoy se investiga comenzó el 6 de febrero de 2013, cuando la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas recibió una llamada anónima de una mujer que denunció la existencia de un prostíbulo llamado Pyme Vip, del cual había escapado. 

Tres meses después, la Justicia allanó el local ubicado en 25 de Mayo 1114, de Ciudad, e imputó a su dueño y a empleados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Luego del juicio oral, que comenzó el 5 de junio de 2015, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a Solé a 10 años de prisión por explotación económica de la prostitución ajena; a la administradora del local, Paola González, a cinco años; al gerente, Cristian Prado, a tres años y medio, y al médico ginecólogo Osvaldo Pastorino, a dos años de prisión y a cuatro meses de inhabilitación profesional por haber practicado un aborto. 

A su vez, fueron condenados a dos años de prisión el agente municipal Raúl Cuquejo y los policías federales Ángel Arias Ibáñez y Nelson Bravo Cortez, por haber cobrado coimas para no realizar las inspecciones pertinentes en el local.

Durante la sustanciación del juicio se logró el decomiso del dinero del local, que, según Alcaraz, ascendía a 2 millones de pesos en distintas monedas, además de propiedades y autos de alta gama.