La industria del juicio, la agenda laboral y otros temas que nadie menciona
Que los políticos peronistas -y no peronistas también- necesitan de los aparatos sindicales, no es ninguna novedad.
Pero tampoco es noticia que los políticos, aun los del mismo palo, tienen recelo de los gremialistas y a veces consideran que, si los exponen junto a ellos, pueden actuar como un salvavidas de plomo.
También es una ya añeja verdad que los dirigentes sindicales han asumido eso de su prestigio público desgastado y que cuando incursionan a cara lavada en el terreno político la mayoría de las veces los resultados están en las antípodas de su permanencia sempiterna en la cúspide de los gremios.
Por ello, desde hace ya varios años su tarea es principalmente estar en bambalinas y participar activamente de la "rosca", negociando vitales espacios de poder a cambio de la puesta a disposición de los ya mencionados aparatos, que movilizan a miles de personas, y de beneficios para sus organizaciones.
En situaciones como la actual, donde el sindicalismo está más atomizado que nunca en toda su historia, se da el escenario ideal para este tipo de operaciones.
Además, han ido revalorizando su importancia en lo que tiene que ver con la gestión política-administrativa en todos los distritos y aprendieron a actuar como consumados estrategas que pulieron sus déficits en esa materia y se ubicaron no ya como satélites sino como planetas muchas veces imprescindibles.
La muestra está en las buenas relaciones que deben fomentar, por ejemplo, la Capital Federal, las provincias -sobre todo la de Buenos Aires- y centenares de municipios con sindicatos claves en sus distritos.
Así, más allá de las cuitas hasta con algún viso ideológico, que van esfumándose en el tiempo, ninguna administración quiere conflictos con sindicatos como Camioneros -con sus múltiples ramas que van desde la esencial de recolectores hasta la de transporte de mercaderías de todo tipo-, Municipales en todas sus vertientes jurisdiccionales, Estatales nacionales y provinciales (especialmente Docentes) y, en las grandes urbes, Taxistas y Encargados de edificios, por mencionar algunas actividades.
Claro que por esta razón de intereses y necesidades mutuos no se terminarán los conflictos de un día para el otro, pero sí cada vez los representantes de una y otra parte hacen esfuerzos supremos para no alterar reglas básicas de la concordia.
Luego, con este aspecto central ya consolidado, o al menos claro en la conciencia de los que tienen el poder político y el sindical, como se ha dicho los dirigentes gremiales muestran apenas la cabeza en estas etapas de tenidas electorales fundamentales e incluso se aggiornan hasta un punto en el que incursionan en rubros donde también pueden hacer "pata ancha".
Por ejemplo, Hugo Moyano se erigió como presidente de Independiente y ahora es figura central en la construcción de una nueva AFA. Incluso tiene alfiles propios en esta tarea, como su pariente político Chiqui Tapia y sus hijos Pablo y Facundo, que desde hace rato están metidos también en el tema del fútbol.
Otro que anda atrás de la número 5 es el jefe de los porteros de edificios porteño y referente del PJ capitalino, Víctor Santa María, quien se lanzó a la ciclópea carrera de lograr la presidencia de Boca, nada menos.
Además, Santa María dirige desde hace tiempo otros emprendimientos, por ejemplo en el ámbito de la educación (con una universidad privada) y la cultura, diversificando así los núcleos de poder, más allá de la cuestión sindical tradicional.
Y son muchos más -por no decir casi todos- los que también han introducido desde hace años a sus sindicatos en virtuales empresas prestadoras de servicios varios, desde turísticos hasta culturales.
Pero aunque todos estos nuevos safaris tienen su importancia en materia de poder político y económico, los desvelos tradicionales de los dirigentes no han cambiado demasiado.
El tema de los déficits de las obras sociales y del trabajo en negro (lo que impide ingreso de aportes a sus arcas) está en la primera fila, y todos saben que en los últimos tiempos ha reaparecido el fantasma de la caída de las fuentes laborales vía suspensiones y despidos.
Una vez que el conteo de los votos diga quién es el nuevo Presidente de la Nación, otra vez a la carga, sin dudas.
Y sea quien sea el que gane, avisan que no habrá contemplaciones, más allá de la primera y tradicional etapa del crédito hasta que los nuevos (y no tan nuevos) se acomoden en sus poltronas.
Ojo, esta vez ese crédito no será muy extenso ni generoso en bajos intereses, pues con los tres que están a la cabeza de las preferencias -Scioli, Macri y Massa- se conocen perfectamente en el terreno político y en la gestión. Nadie ignora los puntos que calza el otro y, en consecuencia, lo que pretenden.
No obstante, los dirigentes sindicales confían en un cambio de clima que operaría básicamente en la capacidad de diálogo de los que pueden llegar a la primera magistratura y en, a piori, el "no ninguneo" que recibirán de los funcionarios, a diferencia de Cristina Fernández, que les prometió de todo y les dio nada.
Al contrario, CFK les mantuvo incautados, como otras administraciones, abultadísimos fondos de las obras sociales (dicen que ya andarían cerca de los tres mil millones de dólares) y se burló de ellos y de sus representados sosteniendo a capa y espada el brutal Impuesto a las Ganancias.
Se sabe desde hace años que en la agenda laboral están el trabajo en negro -la principal perla que "supo" mantener más de una década el futuro saliente ministro récord de Trabajo, Carlos Tomada, prácticamente con una banca de diputado porteño asegurada para los próximos cuatro años-, otros aspectos de la precariedad laboral, el desempleo (obviamente muy superior al cantado por el mendaz INDEC), y "joyas" que los gobernantes sostuvieron pulcras, como la pobreza y la indigencia, que parten cruelmente en varios pedazos a la sociedad.
También hay otras cuestiones que las futuras autoridades deberán encarar de manera global con el resto de los temas, pues son parte del mismo paquete del vapuleado universo del trabajo.
Por ejemplo, la de los accidentes laborales. No es un punto menor, ya que alcanza a todos los trabajadores registrados y moviliza carradas de millones de pesos.
Hubo un momento en que el Gobierno se vio tentado a meter mano y apropiarse del esquema de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), pero, aunque no lo diga, reculó cuando vio que no era una caja fácil de obtener, a diferencia de las AFJP, que aportaban dinero contante y sonante.
Justamente, la palabra "riesgo" implica al trabajador pero también a quien efectúa la prestación. En ese sistema hay un aspecto que no ha sido superado y que es el Talón de Aquiles para cualquiera: la llamada "industria del juicio".
Sabido es que los trabajadores deben gozar plenamente de todos los derechos, pero también son históricos los casos de abuso en los tribunales que pueden llevar a la ruina a más de un empleador, sobre todo de pymes.
En este sentido, la cámara que agrupa a las ART, la UART, destacó que en el sistema -cuyas indemnizaciones por accidentes se actualizaron tiempo atrás- "se han generado destacados avances en lo que respecta a cobertura, prevención, prestaciones y accidentabilidad".
Pero a la vez alertó que hay una situación problemática, que podría volverse insostenible, producto de la litigiosidad".
Si bien en el sector hay cobertura para casi 10 millones de trabajadores, bajas de 34 por ciento en accidentes y de 68 por ciento en muertes y aumento de los montos de las coberturas, a pesar de la reforma de 2012 que frenó las demandas de responsabilidad civil contra las empresas -aquella "doble vía", que era el cobro del resarcimiento y el juicio en paralelo- "en los últimos tiempos hubo un redireccionamiento de la litigiosidad", advirtieron los aseguradores.
"Lejos de disminuir, los juicios contra el sistema de ART continuaron aumentando: en 2014 ingresaron al sistema judicial 88.567 demandas (incremento del 13% respecto del año anterior) y para 2015 se estima un exponencial incremento del 29% en relación al período previo", dijeron.
"La industria del juicio, ocasionada por la disparidad de criterios en las pericias e interpretaciones judiciales sui generis de la nueva normativa vigente, amenaza no sólo al sistema que brinda salud a casi 10 millones de personas, sino que además castiga los costos empresarios y, a menos que se ponga coto a esta situación, lo seguirá haciendo", sostuvo la UART. Y avisó que los tribunales también están metidos en este problema: "La solución definitiva y de fondo está en manos del Poder Judicial. Es imperativa la unificación de criterios y aplicación adecuada de la ley por parte de las instancias judiciales superiores para evitar mayores sobrecostos sobre el sector productivo".
Evidentemente son luces amarillas -ya casi anaranjadas- que hay que tener en cuenta, porque hay un sistema (perfectible, claro) que también está bordeando el terreno de la crisis y, como se ha dicho, no es redituable para el Estado, por lo que el Gobierno que llegue no se hará cargo de otro problema que sin dudas agrandará los cráteres fiscales.
Además, claro, de lo que significa per se intervenir en una actividad que lo aleja de sus funciones vitales y esenciales.
Así que quien esté soñando con el momento en que se sentará en el sillón de Rivadavia con la banda y el bastón presidenciales debe tener en cuenta que ese momento mágico durará apenas segundos, pues en el escritorio lo espera, también en el aspecto laboral, una agenda recargada. Y los gremialistas también. No hay lugar ni tiempo para distraídos.
(*) Especial para Mendoza Post